El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha clausurado su XIII Congreso de Tarragona con una serie de propuestas a modo de enmiendas que marcan el plan de acción de cara a afinar el Proyecto de Ley del Derecho de Defensa y así desarrollar el artículo 24 de la Constitución Española.
Durante sus tres días de intenso debate y bajo el lema "cultura del acuerdo", alrededor de 1.000 abogados han puesto encima de la mesa una serie de medidas y que llegarán al Parlamento, con el objetivo de mejorar y garantizar una mejor asistencia jurídica, así como para optimizar la asistencia jurídica gratuita para aquella ciudadanía que presente recursos mínimos que hagan inaccesible la presencia de un abogado en sus pleitos.
El Consejo liderado por Victoria Ortega ha aprobado la obligatoriedad de formar continuamente a los abogados en materia de asistencia gratuita, educación que será gratuita para los abogados y que será financiado por las Administraciones Públicas.
A su vez, se ha solicitado a a los poderes públicos que promuevan "sin dilación una nueva Ley reguladora de la materia". Además, se ha planteado la posibilidad de establecer una disposición en el texto del proyecto de ley de Defensa, para que "se incluya como acreedores del beneficio de justicia gratuita las personas jurídicas enjuiciadas penalmente y establecer que "la intervención de profesionales designados de oficio para la asistencia, defensa y representación gratuita sea indemnizada en todo caso, incluso en aquellos supuestos en que no exista reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita".
La ciberseguridad y el riesgo de robo de los datos personales de los clientes también ha sido un tema serio que ha preocupado al sector jurídico, por ello, se ha propuesto la creación de un Observatorio de ciberseguridad de la Abogacía en el seno del Consejo General de la Abogacía, o la adopción de criterios deontológicos específicos en las áreas de mediación, protección de datos y compliance empresariales.
A su vez, también se han planteado nuevas propuestas para concretar el secreto profesional dentro de la abogacía y se ha solicitado matizar una serie de sanciones específicas en caso de ocasionar daños en el área de derecho de la competencia "sin necesidad de la participación obligatoria de las asociaciones de consumidores y usuarios".
Al cierre del evento, Victoria Ortega se mostró optimista y ve con buenos ojos la concordancia pactada entre un millar de abogados para fijar unos objetivos que será el camino a seguir de la abogacía durante los próximos años. "Como dijo Miquel Roca, esto esta vez va a funcionar", cierra la presidenta del CGAE.