El 92% del gasto de los ayuntamientos no se audita, no existe control interno o no se facilita información alguna, según el informe sobre auditoría del sector público en España, publicado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE).
Extremadura, Comunidad de Madrid, Cantabria y Castilla-La Mancha ocupan las posiciones más retrasadas en el ranking de Comunidades Autónomas que aúnan una supervisión de la mayor parte de su gasto público con una planificación de auditorías más sólida. La mejores posiciones las ocupan País Vasco, Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña, Navarra, Aragón y Asturias
En el sector público estatal, tanto la Cuenta General del Estado (CGE), que se presenta de manera consolidada, como el sector público empresarial, y el sector público fundacional, están sometidos a fiscalización de sus cuentas en un porcentaje razonable (en términos del 87%, 93% u 85% respectivamente), de la misma manera que el 87% de la CGE está sometida a fiscalización de legalidad, desconociéndose este dato en lo relativo a los sectores empresarial distinto del mercantil o al sector fundacional, según el informe.
Estos profesionales piden más recursos para el control de las cuentas públicas de cara a las elecciones locales y autonómicas y demandan que las Administraciones Públicas realicen auditorías sistemáticas y regulares.
"En lo que afecta a las elecciones municipales y autonómicas, creemos que sería bueno que todos los partidos políticos manifestasen su apoyo a invertir más medios en el control de las cuentas de autonomías y ayuntamientos, dotando de más recursos a los tribunales de cuentas y a los interventores, y a promover la colaboración público privada en este ámbito", ha destacado Ferrán Rodríguez, presidente del ICJCE, durante la presentación de la 14ª Jornada de Auditoría del Sector Público.
Rodríguez ha explicado que "los importes auditados por los órganos de control externo estatal, autonómicos y locales nos siguen pareciendo bajos".
En el informe se estima que se debería empezar a auditar obligatoriamente por los municipios de más de 100.000 habitantes e ir ampliando esta obligación anual de forma progresiva al resto de grandes municipios. Esta medida implicaría la auditoría obligatoria en una fase inicial de cerca de 70 ciudades españolas. Para que os hagáis una idea, Barakaldo, que en estos momentos sería la ciudad que cerraría el ranking de ciudades de más de 100.000 habitantes, tuvo un presupuesto en 2022 de 122 millones de euros.
Según el estudio presentado, los recursos dedicados a los tribunales de cuentas, a los Órganos de Control Externo (OCEX), a la intervención y a la colaboración público-privada para trabajos de control externo del sector público tienen que aumentar. Hay que aumentar también la inversión en personas, en formación y en innovación tecnológica".
El presidente del Colegio de Cataluña, Antoni Gómez, se ha decantado en su intervención por "auditorías sistemáticas y regulares" en las Administraciones Públicas, con un énfasis particular en la administración local como forma de mejorar la imagen que el conjunto de la ciudadanía tiene con respecto a estas entidades.
En este contexto, ha reivindicado el esquema de la colaboración público-privada para avanzar en este campo, y que también habría que aplicar, en su opinión, en la verificación de la información sobre la sostenibilidad en los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. La colaboración público-privada en esta ámbito está resultando determinante para la consecución de estos resultados, concluye el informe.
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