Valladolid
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo contra la jornada laboral de 35 horas en la administración de la Comunidad Autónoma.
Los demandantes, la asociación de consumidores y usuarios vallisoletana Azote Legal, afirman que se produce una injustificable situación de desigualdad entre los empleados públicos y los del sector privado, de tal forma que, a la vez que se favorecen los derechos de unos trabajadores, se perjudican esos mismos derechos para la mayoría. Así, se alega que nos encontramos ante un flagrante agravio comparativo que contraviene preceptos fundamentales de nuestra Constitución, entre ellos, el de la igualdad de los españoles ante la Ley. Los 90.000 empleados públicas recuperan la jornada de 35 horas
La justificación esgrimida por el Gobierno autonómico para defender la reducción de la jornada, alude a su alta preocupación por el bienestar de los empleados (públicos) y, en su virtud, establece una serie de ventajas laborales que considera irrenunciables y de máxima urgencia. En resumen, considera que reducir su jornada de trabajo aumenta de forma absolutamente esencial la calidad de vida de dichos trabajadores.
Es precisamente ese mismo objetivo el que se persigue con el recurso presentado: mejorar la calidad de vida de los trabajadores, la de todos ellos; sin importar su pertenencia a un sector o a otro. Lo contrario, según se defiende, sería habilitar una suerte de "esclavitud del Siglo XXI", donde la mayoría (los esclavos), viviría peor que la minoría favorecida (señores).
Como medida cautelar, se ha solicitado la suspensión de la entrada en vigor de los artículos modificados, al objeto de evitar perjuicios de difícil o imposible reparación.
