La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) considera necesario ajustar a la baja el valor de referencia del mercado inmobiliario, que sirve para calcular los impuestos a la vivienda. El nuevo valor de referencia afectará tanto al Impuesto sobre Sucesiones como al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Según indica el delegado provincial de Aedaf en Córdoba, Juan Francisco Romero, "se adopta un sistema objetivo, lo que reducirá la litigiosidad y mejorará la seguridad jurídica".
La Asociación Española de Asesores Fiscales ha celebrado esta mañana la segunda jornada de la XVII edición de su Congreso Tributario, organizado junto al Consejo General del Poder Judicial, CGPJ.
El subdirector general de Gestión Catastral del Ministerio de Hacienda, Jesús Puebla, ha afirmado que "aún hay un 14% de transmisiones patrimoniales que se realizan por un precio inferior al valor de referencia". Por su parte, Rubén Rúa, coordinador del Grupo de Expertos en Haciendas Locales y Catastro de Aedaf, ha apuntado que "es posible reducir el valor de referencia sin afectar a la recaudación. Eso se lograría reduciendo el factor de minoración del 0,9 al 0,8, para que ese 14% de transmisiones por precios inferiores al valor de referencia que ha mencionado Jesús Puebla esté absorbido, de manera que el valor de referencia siga siendo la base imponible mínima, pero con un margen mayor. Además, así se reduciría la litigiosidad sin afectar a la recaudación".
Las Haciendas autonómicas están exigiendo impuestos con base en tasaciones de los inmuebles mucho más elevadas que el precio real de compra. Los cambios introducidos en la ley antifraude -que formaliza las elevadas valoraciones que usa la Agencia Tributaria para luego girar impuestos- causa ya efectos en la valoración de las viviendas. En algunos casos, este periódico ha podido comprobar que la tasación de Hacienda supera en un 68% el valor de compra. Incluso, se han dado casos en el que Hacienda casi duplica el valor de una compraventa de inmueble.
La situación es fruto de la nueva ley contra el fraude fiscal. Esta normativa consolida las elevadas tasaciones que hacen las Haciendas autonómicas. El texto formaliza, en contra del criterio del Tribunal Supremo, que el Catastro establezca el valor de los inmuebles que sirve como base imponible a la hora calcular la liquidación de los impuestos. El Gobierno descarga así la tasación en el llamado Valor de Referencia, calculado por el Catastro a través de una serie de variables que permite a las Haciendas autonómicas superar el valor real de los inmuebles. En la mayoría de casos, el valor no se corresponde con el de la escritura y excede el verdadero precio de mercado del inmueble, por lo que exigen más impuestos.
