La información sobre la lucha contra la corrupción que aportan las empresas del Ibex 35 es insuficiente y no aborda las cuestiones clave de su gestión. Así se desprende del capítulo sobre Corrupción del informe anual La información sobre Responsabilidad Social Corporativa en las empresas del Ibex 35, elaborado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, que se ha presentado este jueves. Los datos son referentes a 2019.
Si bien las compañías del selectivo español están incorporando progresivamente diversos compromisos en materia de lucha contra la corrupción, sigue existiendo una notable diferencia entre las buenas intenciones expresadas en sus marcos normativos y la deficiente información pública sobre la gestión de los riesgos de corrupción de cara a su identificación, prevención y abordaje disciplinario en un contexto en el que la percepción de la corrupción en la sociedad se mantiene muy alta.
21 de las empresas del Ibex tienen una política anticorrupción específica e independiente, pero apenas 9 informan haber realizado evaluaciones de riesgos específicos de corrupción en 2019 y ninguna aporta resultados diferenciando países o áreas de actividad. Las 9 empresas que informan son: Acciona, Endesa, Mediaset, Melià Hotels, Merlin Properties, Naturgy, Repsol, Siemens Gamesa y Viscofan.
El documento destaca que el impacto social, medioambiental y coste económico de la corrupción "hace necesario que las grandes empresas cuenten con procedimientos de debida diligencia en la lucha contra la corrupción acordes a la naturaleza y magnitud de los riesgos en los que pueda incurrir".
Pese a todo, la puntuación global ha mejorado ligeramente con respecto al ejercicio anterior, pasando de 24,13 a 29,14 puntos sobre un total de 100.
El proceso de identificación de riesgos de corrupción es igual de importante a nivel interno como en la cadena de suministro de la empresa. En este caso la mayoría de las empresas (30) exigen a sus proveedores y socios comerciales la adhesión a su normativa en la materia, pero solo 4 indican haber realizado evaluaciones de riesgos de corrupción a lo largo del ejercicio, pero sin aportar información significativa sobre sus resultados y actuaciones.
Orencio Vázquez, Coordinador del Observatorio de RSC, puntualiza que la escasa información sobre las medidas de prevención y la lucha contra la corrupción proporcionada por las empresas puede deberse a distintos factores. "Por un lado, podría responder a una estrategia de no exponerse a la opinión pública y por tanto a un mayor escrutinio por parte de prescriptores. Otro factor es la ausencia de modelos de rendición de cuentas que permitan evaluar estas medidas través de la información suministrada por las empresas, así como a la variedad de atributos o elementos que pueden ser tenidos en cuenta bajo el concepto de corrupción consecuencia de la falta de consenso en relación a qué actividades pueden ser constitutivas de corrupción y qué mecanismos ayudan a prevenirla en la organización y gestión de la empresa", explica Vázquez.
La información sobre prácticas de competencia desleal es nula o muy escasa
El respeto a la libre competencia es un aspecto sobre el que existe un amplio nivel de cumplimiento en cuanto a la existencia de compromisos elementales (30 de las 35 se posicionan claramente), pero en la práctica se registra un incumplimiento reiterado en los últimos años.
17 empresas del IBEX 35 tenían casos activos por competencia desleal durante el ejercicio 2019. Entre los casos más habituales a nivel nacional se encuentran diversos expedientes de la CNMC relacionados con acuerdos para el reparto de licitaciones de obra y mantenimiento de infraestructuras públicas, así como la alteración de precios de la energía eléctrica.
"La información sobre presuntos casos de corrupción o prácticas contrarias a la libre competencia es muy escasa y se presenta con un enfoque defensivo, más orientado a los intereses corporativos que a la rendición de cuentas", indica por su parte Eduardo Soria, Investigador del Observatorio de RSC.
También se ha detectado que 15 empresas se encontraban supuestamente implicadas en el ejercicio 2019 en un total de 34 casos de corrupción en España o en otros países y ninguna de ellas informa acerca de las medidas disciplinarias tomadas en respuesta a estos casos de corrupción.
Financiación de partidos políticos
23 empresas de las 35 empresas analizadas prohíben la financiación de partidos políticos en todos los países en los que operan y, de las restantes, 4 ofrecen información sobre las aportaciones realizadas en 2019. Solo 11 empresas extienden la prohibición a fundaciones y candidatos de partidos políticos.
Incumplimiento en transparencia
En 2019, 24 empresas estaban obligadas por La Ley de Transparencia a publicar a través de sus webs institucionales determinada información, incluida las subvenciones y contratación pública a lo largo del ejercicio. Ninguna de las empresas obligadas cumple con este requisito, a lo sumo se aporta alguna información sin llegar a ser completa ni desagregada y limitada a España, y con notables diferencias respecto a los datos disponibles a través de otras fuentes públicas.
Sólo 3 empresas (Repsol, Aena y Enagás) recogen esta información en apartados específicos de transparencia en sus webs corporativas, pero con diversos grados de exhaustividad y limitaciones en cuanto a la información sobre subvenciones y contratación pública que ofrecen.
