Cruzando los Pirineos son varios los países que han optado por reformar sus sistemas de pensiones. Analizamos cuáles de estas reformas de los vecinos podrían exportarse al actual modelo español de pensiones.
Un total de 940 días es el retraso que lleva acumulado el Ministerio de Empleo en una de las promesas que hizo a los trabajadores, la de mandar a los mayores de 50 a partir del año 2015 y a todos los demás a partir del año 2016, una carta por escrito en la que se les informaría de cuál sería su pensión en el momento en que se jubilaran. Una información básica que podría ayudar a los trabajadores a conocer hoy cómo pueden ir planificando su ahorro para mantener su nivel de vida en el futuro y una información que ya demandan el 84 por ciento de los trabajadores en activo, el doble de los que lo hacían hace ocho años. "Esa carta tiene un valor infinito para que los trabajadores se den cuenta de lo necesario que es el ahorro previsión", apunta Sebastián Velasco, director de Fidelity en España. Una necesidad que también considera básica el presidente de Inverco, Ángel Martínez Aldama, quien afirma que "mientras que los trabajadores no vean cuánto van tener una vez se jubilen, no tomarán conciencia del ahorro. La información es lo primero". Esta falta de información, unido a la alta tasa de sustitución de la pensión -en España la pensión pública cubre un 82 por ciento del último salario frente a una media del 42 por ciento del resto de países de la OCDE- es lo que explica que los españoles seamos unos de los europeos que menos ahorro financiero destinamos a fondos de pensiones y seguros (15,7 por ciento frente al 38,3 por ciento del resto de Europa, según los datos de Inverco). Esto en un país en el que la pirámide demográfica tiende a estar cada vez más invertida y en el que incluso se calcula que a partir del año 2029, en plena oleada de jubilaciones de baby boomers, el ratio de jubilados por cotizantes caiga del 1, es decir, que por cada pensión haya incluso menos de un trabajador en activo. Ante este panorama se hacen necesarias dos cosas. La primera es reformular el Pacto de Toledo para que la pensión pública pueda seguir gozando de sostenibilidad en el tiempo, aun asumiendo que la cuantía de la misma tenderá a reducirse con el paso de los años para igualarse a la media europea. Y la segunda es facilitar el ahorro privado complementario en productos pensados para la jubilación. Este mensaje es algo que no se cansan de repetir ni los bancos ni las aseguradoras ni los diferentes expertos de mercado, incluyendo diferentes organismos internacionales como el FMI pero rara vez llega de los políticos, al menos no de los españoles, ya que en el resto de Europa sí se han llevado a cabo reformas del sistema de pensiones que van más allá de los parches que suponen aumentar la edad de jubilación o cambiar el baremo para calcular la revalorización de la pensión. En este sentido se ha preguntado al consejo de expertos de Inversión a Fondo cuáles de las reformas que se han visto en Europa podrían funcionar mejor en un país como España y estas son las conclusiones.
De los modelos cuasi obligatorios...
Uno de los países que más ha invertido en modificar su sistema de pensiones es Alemania, pasando de un sistema público a uno mixto o lo que es lo mismo, de un sistema de reparto a otro que aúna reparto y capitalización. En concreto, se limitó la tributación de las aportaciones a planes de pensiones privados por debajo del 1 por ciento del salario incrementándose un punto porcentual cada dos años hasta al alcanzar el 4 por ciento actual consiguiendo, según apuntan desde la Fundación Inverco, que "una parte de la reducción del coste de las pensiones públicas de destine a subvencionar las privadas". Además, se potenciaron los planes de empresa ya que el trabajador puede exigir a su empresa que invierta hasta un 4 por ciento de su salario en un plan de pensiones complementario que está exento de pagar impuestos. Una medida con la que han conseguido alcanzar los 16 millones de cuentas de planes de pensiones privados. Esta voluntariedad y no obligatoriedad en ese ahorro hacia un plan de pensiones privado es una de las grandes diferencias que tiene el sistema con respecto al de Reino Unido. En el sistema de automatic enrollment, que se aprobó en el año 2007, se contemplaba que a partir de 2012 y hasta 2018 todos los empleados de a partir de 22 años con salarios superiores a las 10.000 libras al año estarían afiliados por defecto a un plan de pensiones privado salvo que se opongan expresamente. Ahorran de esta manera por defecto y, además, la empresa en la que trabajan hace a su vez aportaciones que oscilarán entre el 3 y el 5 por ciento del salario. En concreto se prevé que cuando acabe la implementación de este nuevo sistema, fijada para el año 2019, el empleador aporte el 3 por ciento, el empleado un 4 por ciento y el gobierno, un 1 por ciento, aunque en la actualidad las contribuciones del empleador y del empleado se sitúan en el 1 por ciento, cantidad que irá in crescendo progresivamente hasta llegar al año 2019. En la actualidad, según los datos que maneja Inverco, "solo el 8 por ciento de los trabajadores ha renunciado a tener ese plan de pensiones y hay un total de 150.000 empresas adheridas". Además, las compañías que se han adherido al sistema -de momento lo han hecho las grandes compañías- cuentan con beneficios fiscales, algo que los expertos también demandarían en caso de que en España se acabase por implementar éste u otro modelo obligatorio, o cuasi obligatorio. "El Estado podría reducir el Impuesto de Sociedades para provocar que las empresas fomentaran las aportaciones de sus trabajadores ya que si la empresa tiene que asumir ese papel protagonista debería recibir algo a cambio", apunta Sonsoles Santamaría, directora de negocio de Tressis.
...Al ejemplo sueco
Pero si hay un modelo que despierta interés entre los expertos, defendido, además, por grupos políticos como Ciudadanos, ese es el de las cuentas nocionales de Suecia. Según explican en el estudio Pensiones en transición realizado por el Instituto Aviva, "este sistema se basa en las aportaciones obligatorias que realizan los trabajadores durante toda su carrera laboral a una cuenta individual de tal manera que la cuantía que reciben en su jubilación se calcula en función de lo que han aportado a partir de reglas actuariales, por lo que se vinculan directamente cotizaciones y prestaciones". Básicamente, en lo que se basa este sistema es que cuando uno se jubila se toma la cifra que ha acumulado en esa hucha virtual durante toda su vida laboral y se dividirá entre el número de años que resten según la esperanza de vida media del país siendo el resultado lo que se cobre de pensión pública. El tipo de cotización en Suecia es del 18,5 por ciento y dieciséis de esos puntos se destinan a la cuenta nocional y 2,5 un plan de pensiones cuya gestión decide el individuo -privada o del Estado-. Además, esos individuos conocen en el presente la cuantía que reciben en el futuro en función de sus aportaciones ya que el Estado manda una Carta Naranja todos los años y a todos los trabajadores con una estimación de la pensión que van a recibir en tres escenarios de jubilación (61, 65 y 70 años) que incluye tanto la cuantía de la cuenta nacional en ese momento como la del fondo de pensiones privado. Este sistema convive también con pensiones complementarias no contributivas, que se utilizan para aquellas personas jubiladas que no hayan cotizado lo suficiente como para vivir durante la vejez (garantipension).
¿Hacia un plan de pensiones único?
Así como no existe una fiscalidad única en la Unión Europea tampoco hay un sistema de pensiones único sino que cada país decide el modelo que implementa, pero en las últimas semanas, la Comisión Europea ha dado un pequeño paso al frente hacia un modelo único de pensiones, si ya no públicas, sí privadas, con el visto bueno al plan de pensiones paneuropeo (PEPP por sus siglas en inglés). "Es como dar un pasaporte europeo a los planes de pensiones y la duda está en ver si las gestoras extranjeras los ofrecerán en España y si las españolas exportarán los suyos", afirma Velasco. Este producto, al que podrá aportar dinero cualquier ciudadano europeo, independientemente de que hoy trabaje en Madrid y mañana en Berlín, tendrá que cumplir unos requisitos de transparencia, dando información estándar sobre tarifas, costes y beneficios y Bruselas ha instado a los diferentes miembros de la UE a que doten a este producto de las mismas ventajas fiscales que tengan los planes de pensiones en cada país. Además, en el caso español puede ser un gran acceso de entrada para las gestoras extranjeras que hasta ahora no podían ofrecer planes de pensiones, traduciéndose a la larga en un aumento de la competencia.
