La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha concluido el informe que ha destapado la realidad más oscura de Venezuela. En este documento, la expresidenta de Chile denuncia las violaciones que afectan directa e indirectamente a todos los derechos de los venezolanos. La violencia sexual y las torturas durante las detenciones en el período de 2014-2019 emergen en el informe como algunos de los hechos más denigrantes para la población. Lea aquí el informe completo
El informe solicitado por Naciones Unidas ha sido elaborado a partir de más medio millar de entrevistas con víctimas, testigos, miembros de las fuerzas de seguridad y del Estado y profesionales de distintas áreas relacionadas con los derechos humanos -salud, justicia, educación, comunicación-. Aunque denuncia violaciones en todas las áreas de la vida de las personas, el documento pone en relieve las vejaciones contra mujeres y hombres cometidas durante sus detenciones entre los años 2017 y 2019, y al estar presos en cárceles venezolanas.
En el caso de las mujeres, se alude a casos como el del centro de detención del Helicoide, donde algunas mujeres víctimas han denunciado que los guardias ejercían presión sobre ellas para "el intercambio de sexo por 'privilegios' y/o protección". En este espacio de internamiento, las detenidas se encontraban hacinadas en una "celda superpoblada", únicamente con vigilancia masculina pese a la existencia de guardias mujeres en el lugar. El acceso a asistencia sanitaria era restringida, según los testimonios de las víctimas y, en ocasiones, denegada.
En general, el informe relata cómo las condiciones de las detenciones no cumplen las reglas internacionales mínimas sobre tratamiento humano de los reclusos. "Los centros de detención preventiva están a menudo superpoblados y son insalubres. Las personas detenidas tienen acceso limitado a la alimentación, agua, saneamiento, luz solar e instalaciones de recreación", relata el texto de la alta comisionada de Naciones Unidas.
Una de las víctimas que ha denunciado la situación de las cárceles es la jueza María Lourdes Afiuni, liberada este viernes a petición de Bachelet. Afiuni fue encarcelada sin fianza poco después de que el expresidente Hugo Chávez criticase una de sus sentencias, en la que ordenó la puesta en libertad del empresario Eligio Cedeño, acusado de corrupción y antiguo enemigo de Chávez.
Afiuni denunció haber sido violada en la cárcel y que las autoridades le negaron tratamientos de salud.
Las agresiones sexuales también afectan a los hombres detenidos de manera arbitraria entre 2014 y 2019, como parte de los malos tratos y las torturas a las que fueron sometidos. Las violaciones a los hombres se efectuaban utilizando palos u otros elementos, según el informe. Asimismo, entre las torturas se relatan casos de aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas privación de agua y comida y exposición a temperaturas extremas.
Estrategia de criminalización de la oposición
El informe de Naciones Unidas denuncia asimismo una estrategia de la Administración del presidente Nicolás Maduro "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno". El Gobierno venezolano registró 5.287 muertes de delincuentes que resistieron a la autoridad el año pasado y 1.569 hasta el 19 de mayo de 2019.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha asegurado que muchas de las muertes parecían ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas de seguridad. Familias de 20 personas describieron cómo hombres enmascarados y vestidos de negro de las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela (FAES) en camionetas negras sin placas habían irrumpido en sus casas, tomado sus pertenencias, agredido a mujeres y niñas, a veces desnudándolas. "Las FAES separarían a los hombres jóvenes de otros miembros de la familia antes de dispararles", relata el informe.
"En cada caso, las personas testigos reportaron cómo las FAES manipularon la escena del crimen y las pruebas. Habrían plantado armas y drogas y habrían disparado sus armas contra las paredes o en el aire para insinuar un enfrentamiento y demostrar que la víctima se habría 'resistido a la autoridad'", añade.
La jefa del organismo, Michelle Bachelet, que estuvo en Venezuela en junio y ha presentado este viernes el documento al Consejo de Derechos Humanos, indica que "el Gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas" entre ellas el uso de la tortura y el acceso a la justicia.
El informe sostiene además que el Estado no cumple con garantizar el derecho a la alimentación y la atención de salud. "Exhorto a todas las personas con poder e influencia -tanto en Venezuela como en el resto del mundo- a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo", agrega Bachelet en un comunicado que acompañó el informe.
