Londres
La oferta de Theresa May "nueva y valiente" que había prometido para construir un consenso transversal en la Cámara de los Comunes, más allá de sus filas y del intermitente apoyo de los unionistas norirlandeses, y que incluye someter a votación un segundo referéndum y la unión aduanera, ha topado con tal oposición que lo único que parece haber logrado incrementar es la presión para abandonar la idea de convocar la cuarta votación y precipitar su salida.
Theresa May ha cruzado el Rubicón al ofrecer al Parlamento británico la posibilidad de decidir si quiere un referéndum para confirmar el acuerdo del Brexit, siempre que apruebe la Ley de Retirada de la Unión Europea, un texto que, según reveló ayer, otorgará también a Westminster la potestad de resolver la solución aduanera para el futuro en solitario.
La votación, prevista la primera semana de junio, determinará la herencia de una primera ministra que, sabedora de que se halla en su ocaso político, está resuelta a luchar por su legado como la mandataria que materializó el divorcio, desafiando la unidad de su partido y la inviolabilidad de líneas rojas consideradas hasta ahora irrenunciables.
El sacrificio, para su escarnio, podría resultar en vano, a juzgar por la reacción de los diputados de quienes depende para romper el bloqueo, tras los tres fracasos anteriores para sacar adelante su plan.
El llamado Comité 1922 -la dirección del Partido Conservador británico- ya acordó que la semana del 3 de junio y que, una vez aprobado o rechazado la propuesta de May, "consensuarían el calendario" para el proceso de primarias. Lo más probable viendo la acogida de la propuesta de May es que dimita antes de lo previsto y pactado con la premier, con una cuarta derrota humillante en el horizonte.
El Partido Conservador instará a cancelar la votación de su proyecto de ley, según informa Bloomberg. Varios miembros del Gabinete aseguran que ha sorprendido que la propuesta de May haya sido tan mal recibida tan rápidamente.
Teniendo en cuenta que el congreso de los 'Tories' está fijado para el mes de septiembre, lo más probable es que el proceso de primarias empiece cuanto antes y se prolongue durante el verano, para coronar al vencedor en la convención ordinaria. Hasta entonces, May seguirá en Downing Street en funciones, aunque ya sin poder efectivo. May se juega tener una salida más honrosa que Margaret Thatcher, que se marchó en cuestión de horas tras obtener un mal resultado en una moción de censura interna.
Reacción en cadena en las filas conservadores
Parlamentarios conservadores clave para romper la parálisis escenificaron una reacción en cadena de práctica repulsa ante la batería de diez propuestas planteadas ayer por la premier, apenas horas después de aprobarlo en un tumultuoso Consejo de Ministros. El compromiso al que había apelado no halló más que una profunda resistencia por parte del frente eurófobo, cuyos integrantes amenazaron con abandonar el Gobierno en lo que sería tan solo el preludio de la impopularidad que el paquete reivindicado por May recabaría entre los tories. De hecho, la primera ministra habría tenido que abandonar la idea de conceder libertad de voto en lo referido al plebiscito.
Lo más grave es que la condena se extendió a diputados que el 29 de marzo, en el tercer intento de aprobar su plan, habían revertido el rechazo mostrado en las dos ocasiones anteriores, lo que genera el caldo de cultivo para una humillación todavía mayor la primera semana de junio. El malestar fue tal que las llamadas a la dimisión de May estallaron a pesar de la inminencia de las europeas que, para su pesar, Reino Unido celebra mañana y en las que la derecha se encamina, de acuerdo con las encuestas, a una aniquilación electoral.
Por si fuera poco, el principal destinatario de su claudicación en materia de segundo referéndum y aduanera, el Laborismo, indicó que probablemente votaría en contra. Pese a la advertencia de una primera ministra que, en su discurso en la sede de PwC, mantuvo que rechazar la ley supone "votar para parar el Brexit": según ella, el Parlamento vetará una salida no pactada, lo que conduciría a unas generales, o a un nuevo plebiscito, que podrían llevar a revocar el divorcio.
