Los ex presidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff han sido imputados este viernes por "una miríada de delitos" de corrupción que se habrían cometido bajo sus respectivos gobiernos.
La jueza federal Vallisney de Souza Oliveria ha dado aceptado la denuncia presentada por la Fiscalía federal contra los dos ex presidentes y otros altos cargos de su formación política, el Partido de los Trabajadores (PT).
Entre los señalados por la Justicia federal se encuentran los ex ministros de Hacienda Antonio Palocci y Guido Mantega y el ex tesorero del PT Joao Vaccari, implicados en otras causas, según informa Agencia Brasil.
El Ministerio Público les ha acusado de cometer "una miríada de delitos" contra la administración pública que se traducirían en un desfalco de 1.400 millones de reales (unos 322 millones de euros).
La denuncia fue formulada el año pasado por el entonces procurador general, Rodrigo Janot, según el cual los imputados formaban parte de una "organización criminal" dedicada a drenar los recursos públicos.
Janot asegura que desviaron hasta 1.400 millones de reales de la petrolera estatal, Petrobras, a lo largo de catorce años. El dinero procederá de los sobornos cobrados a empresas como Odebrecht y OAS a cambio de obra pública.
Lula ya está condenado a más de doce años de cárcel por aceptar un tríplex de lujo de la constructora OAS como pago a sus favores políticos. Desde abril, purga condena en una cárcel de Curitiba desde abril.
Rousseff asegura que su imputación "deslegitima la soberanía del voto popular"
La expresidenta brasileña Dilma Rousseff ha criticado la decisión de la Justicia de Brasil de imputarla.
"El proceso abierto deslegitima la soberanía del voto popular al convertir el ejercicio de la presidencia en una actividad delictiva", ha subrayado la exmandataria, que según ha apuntado en el texto, remarcando que la denuncia es genérica y que las acusaciones no derivan de investigaciones previas.
Rousseff "jamás fue escuchada por autoridades policiales o judiciales" sobre las acusaciones que pesan sobre ella en este proceso y nunca tuvo oportunidad de defenderse, indica el comunicado.
"La única interpretación posible es que la expresidenta Dilma, como los otros imputados, está siendo víctima de law-fare, cuando se utilizan herramientas legales para procesarla sin pruebas", añade el texto.
Lula ya está condenado a más de doce años de cárcel por aceptar un tríplex de lujo de la constructora OAS como pago a sus favores políticos. Desde abril, purga condena en una cárcel de Curitiba desde abril.