Las sospechas de corrupción vuelven a cercar a Convergència, y ello salpica a sus herederos políticos, el PDeCat y JxCat, que han aupado a Joaquim Torra a la presidencia de la Generalitat. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional detuvo ayer a 30 personas por un supuesto desvío de al menos 2 millones de euros en subvenciones de la Diputación de Barcelona entre 2012 y 2015 -entonces controlada por CiU- hacia entidades próximas a la órbita convergente, como la fundación Catmon, la ONG Ingman y la empresa Discatimat.
El detenido de mayor relieve político durante la macrooperación policial de ayer fue el entonces presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, militante de CDC, que finalmente quedó en libertad con cargos. También fueron detenidas otras personas próximas a Convergència, como el exdirector de Relaciones Institucionales de la Diputación, Jordi Castells Massanés, que actualmente es subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat; el alcalde de Tordera (Barcelona) por CiU, Joan Carles García Cañizares, o el exsecretario de Relaciones Internacionales de CDC Víctor Terradellas Maré. El juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, encargado de la llamada operación Estela, relaciona en su auto a Terradellas con su socio en Catmon e Ingman, Francesc de Dalmases, actual diputado de JxCat y asesor de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
Ayudas en cuentas personales
La Policía investiga la presunta comisión de delitos de malversación, prevaricación, falsificación y fraude por la concesión de subvenciones irregulares para la cooperación al desarrollo con países de América Latina, Marruecos o Bosnia, entre otros. Según la Fiscalía, las subvenciones concedidas por la Diputación de Barcelona "transitaban de forma anómala" entre las cuentas bancarias de las citadas Ingman, Catmon y Discatimat, para "finalmente ser reintegrados en efectivo, destinados a sufragar los gastos de la actividad del entramado criminal o a nutrir las cuentas personales de diversos implicados en la trama". La instrucción judicial también cita otros casos de posible corrupción, como la concesión de subvenciones "arbitrarias" propuestas por Castells Massané a Voltia, una empresa que carecía de "trabajadores propios, operaciones frecuentes y tráfico mercantil fluido" ni tampoco disponía de "cualquier experiencia real" en las materias relativas a las ayudas.
Relación con el 'procés'
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, señaló ayer que tendrá que ser la investigación policial la que determine si estos fondos supuestamente desviados han servido para financiar el proceso independentista, si bien la operación demuestra que hay "tolerancia cero" contra la corrupción.
