Al pensar en el norte de Europa acuden a la cabeza términos como pleno empleo (o casi) o bienestar social. Violencia, peleas y bandas callejeras no son términos que se asocian a países como Suecia, y sin embargo están a punto de ser ya un problema de primer nivel en el país.
Tanto que el primer ministro de Suecia, Stefan Lofven, ha advertido de que el Gobierno hará todo lo que sea necesario - incluso sacar el Ejército a las calles - para contener una ola de violencia entre bandas que se habría saldado ya con varios cientos de tiroteos.
La tasa de criminalidad en Suecia es relativamente baja en comparación con los niveles de otros países. El país nórdico, donde residen 10 millones de personas, registró al menos 106 homicidios en 2016 -el último año del que existen datos-, pero la seguridad se ha colado en el debate político de cara a las elecciones parlamentarias de septiembre.
Sobre todo con los demócratas, en la oposición, intentando aumentar la preocupación social por este tema para ganar votos. "La gente es tiroteada hasta la muerte en pizzerías. Esta es la nueva Suecia, el nuevo, excitante, dinámico y multicultural paraíso que muchos aquí en la asamblea han creado a lo largo delos últimos años", aseguraba este miércoles el líder delos demócratas, Jimmie Akesson.
En este contexto, la televisión ha informado de más de 300 tiroteos durante este periodo, en su mayoría por disputas entre bandas vinculadas a redes de narcotráfico o prostitución. Cuatro personas murieron tiroteadas en la primera semana de 2018 y un hombre perdió la vida tras recoger una granada junto a una estación de Metro a las afueras de Estocolmo.
"No sería mi primera opción sacar al Ejército, pero estoy preparado para hacer lo que sea necesario para garantizar la eliminación del crimen organizado", ha afirmado Lofven en declaraciones a la agencia TT recogidas por Reuters tras la declaraciones de Akesson y después de que la Oficina nacional para la Prevención del Crimen publicase que aumenta el número de suecos que desconfía de la Policía y la acción de la Justicia a la hora de frenar la creciente violencia en el país.
El Gobierno ya ha prometido a la Policía una inyección de 7.100 millones de coronas (más de 720 millones de euros) hasta el año 2020, así como el endurecimiento de los castigos para delitos cometidos con armas y una mayor libertad a las fuerzas de seguridad para poder vigilar llamadas y correos electrónicos.