
La faraónica obra que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende levantar en la frontera con México no solo no tendrá ningún efecto en la lucha contra el crimen en Estados Unidos, sino que será incluso contraproducente para la economía norteamericana, según un amplio y polifacético estudio del grupo de estudios Brookings sobre un proyecto de coste astronómico e ideas mal definidas que se cimenta sobre premisas tan ineficaces como puramente discriminatorias. La amenaza de Trump a Peña Nieto.
Este muro no servirá para contener el flujo migratorio ni el tráfico de drogas, según Brookings. No mejorará la seguridad de Estados Unidos y su levantamiento resultará completamente irrelevante para la principal base de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos: aquellos que han permanecido en el país más allá de la fecha de caducidad de sus visados, no aquellos que han cruzado la frontera con México.
Es una obra de coste insospechado. Trump la vendió en campaña como un proyecto de 12.000 millones de dólares, una estimación muy por debajo de la realizada por el Departamento de Seguridad Nacional, que la sitúa en 21.600 millones, mientras fuentes demócratas disparan la cantidad hasta los 70.000 millones, destinados a una infraestructura de la que solo se conocen sus líneas generales.
"Físicamente es imponente en altura", de unos nueve metros más otros dos metros enterrados en el suelo para impedir que caven túneles por debajo -aunque se ha demostrado la existencia de conductos situados a 15 metros de profundidad-, imposible de escalar y resistente a herramientas de percusión, cortes o sopletes.
Esta descripción ni siquiera tiene en cuenta el coste inmobiliario, dada la cantidad de terreno que el Gobierno estadounidense tendrá que adquirir con las correspondientes compensaciones en una región donde, solo en el sur de Texas, todavía hay abiertas 90 demandas por un intento de levantar una verja hace 10 años y todo ello sin tener en cuenta las dificultades orográficas que presenta un terreno salpicado de montañas y colinas que se extienden hasta cien kilómetros.
Ni inmigración ni desempleo
Brookings reitera, citando múltiples estudios, que no hay pruebas de que los residentes indocumentados sean responsables ni de un incremento -inexistente, por otro lado, frente a lo asegurado por Trump- de la criminalidad, ni de la mayoría de los delitos de sangre en Estados Unidos, de los cuales son principalmente responsables ciudadanos nacidos en el país.
Sabiendo eso, la Administración Trump "está dando prioridad a la caza de indocumentados con una equivocada ley" que impone "medidas draconianas" a aquellas ciudades que han decidido hacer uso de sus propias competencias para relajar la persecución migratoria frente a los designios de Trump, señala Brookings.
Es el caso de Texas, por ejemplo, donde el gobernador, Greg Abbott, castigó a ciudades como San Antonio, Houston, Dallas, Austin o Fort Worth, a pesar de que sus cinco jefes de Policía calificaron la legislación de "mala para el estado" y "peligrosa para todos en general", a través de una carta conjunta al 'Dallas Morning News'.
Según un estudio de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina, la inmigración no tiene un impacto significativo en los niveles de empleo de la población nativa ni en sus salarios. Sí que se percibe cierta influencia entre la población juvenil sin estudios y en olas migratorias previas dado que estos tres grupos compiten por los mismos trabajos de baja cualificación, pero en general los indocumentados hacen los trabajos que los nativos no quieren hacer.
En un marco general, de una población estadounidense que está descendiendo en número y es cada vez más vieja, Brookings subraya que "Estados Unidos necesita inmigrantes", que ahora componen el 16 por ciento de la fuerza de trabajo y están plantando las semillas de la nueva generación laboral norteamericana.
Para hacerse una idea, si el muro de Trump descendiera ese porcentaje solo hasta el 10%, el número de trabajadores de mediana edad en Estados Unidos quedaría paralizado durante las próximas décadas en los 175 millones de personas. Por contra, un 16% incrementaría la fuerza laboral de Estados Unidos en 30 millones de personas más durante los próximos 50 años, con el consiguiente aumento de la productividad.
A ello hay que añadir otra cifra, la de los 1.800.000 indocumentados que cotizaban con tarjetas falsas de la seguridad social -sin recibir ninguno de sus beneficios-, contribuyendo con 13.000 millones de dólares a las arcas de un estado que no les devolvió en ayudas ni una décima parte de esa cantidad en un país con 44 millones de pensionistas, una cifra que se duplicará para 2050.
¿Y el contrabando?
Los túneles del narcotráfico llegan hasta los 25 metros de profundidad. No tendrían ningún problema en pasar por debajo del muro de Trump. Los narcos utilizan ahora drones o catapultas para cruzar la droga sin problemas.
Lo que sucede es que no son los inmigrantes quienes llevan la droga, que ahora entra en su mayor parte por los 52 puertos a lo largo de la frontera. Miles de vehículos son registrados diariamente pero los mecanismos que emplean para ocultarla son cada vez más sofisticados. "A veces los narcos nos dan un soplo con un coche lleno de drogas", explica un guardia fronterizo a Brookings. "Para cuando lo descubrimos, han metido otros seis". Tampoco hará nada para contener la violencia del narcotráfico, por el simple motivo de que un 70% de las armas incautadas en México desde 2009 a 2014 se fabricaron en Estados Unidos.
Pero el muro sí que afectará al programa de colaboración internacional que comenzó el presidente George W. Bush y que continuó Barack Obama a la hora de estimular la cooperación entre las fuerzas antidroga de ambos países, por la que México incrementó sus patrullas en su frontera sur con Centroamérica, tránsito de droga.
México no está ni mucho menos indefenso ante las presiones de Trump y podría cesar, como en el caso del comercio, una cooperación bilateral que se ha antojado hasta ahora como imprescindible.