
El incendio de una torre de apartamentos en Londres ha dilatado todavía más el bloqueo político que Reino Unido sufre desde que las generales dejasen un parlamento sin mayorías absolutas. Aunque los conservadores habían apurado las horas para llegar a un acuerdo con los unionistas norirlandeses que asegurase la gobernabilidad, la tragedia acontecida al este de la capital ha convertido en "inapropiada" la difusión de los avances de una negociación asumida personalmente por Theresa May. Además, ayer dimitió el líder de los liberal-demócratas (14 diputados), Tim Farron.
Como consecuencia, el pacto definitivo podría no tener lugar hasta la semana que viene, la misma que debería abrir con el paquete de medidas legislativas que demuestra la capacidad de la administración de garantizar la estabilidad. En este caso, el proyecto debería confirmar el margen limitado de los tories para aplicar su programa en un escenario en el que dependerán de la disciplina interna, un desiderátum para cualquier primer ministro conservador, y del respaldo de los diez diputados del Partido Unionista Democrático (DUP).
La obstrucción política al norte del Canal de la Mancha tiene severas consecuencias en el resto del continente, puesto que el retraso en la consolidación misma del Gobierno pone en jaque el arranque de las conversaciones del Brexit, previstas también para este lunes. May trata de templar los ánimos en un gabinete más dividido que nunca, puesto que el varapalo electoral ha dado alas quienes defendían una salida blanda, facción notablemente arrinconada antes del 8 de junio.
Con todo, el Número 10 rechaza cambios en la hoja de ruta que establece la salida del mercado común, de la unión aduanera y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo, así como de establecer contactos con otras fuerzas políticas antes de emprender la negociación. Su postura ha sido criticada por David Cameron, quien ha recomendado a su sucesora que "escuche a otros partidos" y entienda la presión hacia un Brexit menos duro del previsto por el resultado electoral.
Su advertencia coincide con la constatación de los efectos de la ruptura sobre la economía. Los sueldos han caído dramáticamente como consecuencia del aumento de la inflación acaecida desde el referéndum. En abril disminuyeron un 0,6%, debido a la diferencia entre la mejora retributiva y la subida del IPC, lo que pone en jaque la recuperación.