La victoria de Recep Tayyip Erdogan en el referéndum turco no ha sido motivo de celebración en la Unión Europa. Tanto Jean-Claude Juncker desde la Comisión como la jefa de la diplomacia, Federica Mogherini, han pedido buscar un consenso nacional para aplicar los grandes cambios en la Constitución tras unos ajustados y polémicos resultados.
No hubo palabras emocionadas ni felicitaciones. Prefirieron esperar la evaluación de los observadores electorales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en el proceso. Los enviados de la OSCE detectaron numerosas deficiencias en la consulta en que la opción defendida por el mandatario resultó ganadora por un margen mucho más escaso del que esperaba. Erdogan tildó las críticas de "inaceptables" y "no reconoce" los informes que, a su juicio, se oponen a las reformas más que la misma oposición turca.
Bruselas observa y analiza en detalle los cambios para verificar si se ajustan a las obligaciones de Turquía como país candidato a formar parte del bloque. El rechazo del Parlamento Europeo va más allá. Ya en noviembre la Eurocámara había expresado su deseo de suspender las negociaciones de adhesión. La petición de Austria de cancelarlas por completo gana seguidores. Los ministros de la UE debatirán sobre este tema a finales de mes en un encuentro informal. La decisión solo pueden aprobarla por unanimidad los jefes de Estado y Gobierno. Ello significaría el fin de los miles de millones de ayuda que la UE prometió en su camino a convertirse en estado miembro. Se trata de nada más y nada menos que de 4.500 millones de euros, entre 2014 y 2020.
En cualquier caso, continuarán los fuertes vínculos con Europa en materia de política de seguridad. Por su estratégica posición geográfica, Turquía no dejará de ser miembro de la OTAN, cuyos criterios son mucho menos estrictos que en la UE. Recuérdese que incluso cuando fue gobernada por los militares, Turquía permaneció en la Alianza.
Otros estados como Alemania todavía no han dicho su última palabra, debido al papel que cumple el acuerdo sobre los refugiados. Hace un año Ankara y Bruselas pactaron la devolución de los refugiados de Grecia. A cambio, Turquía recibiría de forma indirecta seis mil millones de euros a través de ayudas para los acogidos en su territorio. Como resultado se redujo la presión en la ruta de los Balcanes. Las negociaciones, entonces en punto muerto, se reactivaron. Así, los turcos iban a poder entrar en la UE en el futuro sin necesidad de visado, tan pronto Turquía cumpliera las últimas condiciones para ello. Que lo haga ahora, tras el triunfo de Erdogan, es algo muy incierto.
En repetidas ocasiones Ankara ha amenazado con suspender el acuerdo. Pero la realidad es que la gran mayoría de los 2,7 millones de sirios hoy en Turquía quieren quedarse en el país. Motivos de política interna impiden a Erdogan, cuya popularidad se tambalea en el divido país, expulsar a sus hermanos de fe.
Tampoco económicamente hablando, Erdogan puede renunciar a Europa. Su estrella declinará con rapidez si la recesión continúa. Hoy la inflación se sitúa por encima del 11% y la tasa de desempleo es del 13%, su punto más alto en siete años.
El aspecto más crítico hasta este momento es la reintroducción de la pena de muerte que se propone el autoritario jefe del Estado. De llevarse a efecto conllevaría el cese automático de las negociaciones de adhesión. Una clarísima línea roja. Con independencia de esto, hay que constatar que tras el referéndum Turquía carece de una verdadera separación de poderes. Desde un punto formal es muy difícil que cumpla así con los criterios para la existencia de un Estado de Derecho.
Las ambiciones de Erdogan
Las ambiciones de poder absoluto del presidente evidencian sus enormes diferencias con los valores básicos de la UE. En su habitual tono desafiante habla de convocar un nuevo referéndum para acabar con el proceso de adhesión. Quizá no necesite hacerlo ya que la UE se plantea marcar nuevas bases para su relación con Turquía. Debería existir una importante diferencia respecto al pasado: si no la desea como miembro de pleno derecho debe formularlo con sinceridad y buscar otras formas de cooperación.
El mayor problema que supondría el eventual fin de las negociaciones es que terminaría con el último lazo importante, a través del cual aún se puede ejercer influencia sobre una Turquía muy polarizada. El presidente ha obtenido un inmenso poder pero casi la mitad de la población ha votado en contra. Europa no puede abandonar a su suerte a la sociedad civil turca. Una solución sería facilitarle medios económicos a ese sector, generando un contrapeso al Gobierno.
No obstante, la capacidad de maniobra de la sociedad civil turca es cada vez menor y no será suficiente transferir dinero. También hay que recuperar las ONG, muy vigiladas por Erdogan al igual que los políticos de la oposición y los periodistas críticos con su Gobierno. Tras el intento de golpe de Estado de julio las purgas no se limitaron a los funcionarios. Más de cien ONG han sido prohibidas y se encarceló a numerosos activistas por pertenecer al movimiento de Gülen.
El dinero de Bruselas, con cuentagotas
La UE transfirió casi cinco mil millones de euros a Turquía hasta el año 2013. Sin embargo, desde 2014 se ha convertido en un goteo de apenas 167 millones en los últimos tres años. Bruselas ha desembolsado menos del 4 por ciento de lo acordado. Parece que se impone la idea de que no habrá dinero para una adhesión que "no tendrá lugar". Y hay otros motivos por los que el grifo del dinero se ha ido cerrando. El dinero no se transfiere directamente al Ejecutivo turco. Las subvenciones tienen que invertirse en proyectos concretos. Turquía ha carecido en los últimos años de planes y programas dignos de fomento.
