Han pasado cinco meses desde que el primer ministro británico, Boris Johnson, echara de Downing Street a su mano derecha, Dominic Cummings, el 'Rasputín' que lideró la campaña del Brexit en el referéndum y escribió el guion de su primer año y medio en el poder. Cinco meses que Cummings ha pasado esperando al mejor momento para desatar su venganza. Y esta semana, a diez días de las elecciones municipales en Inglaterra y las autonómicas en Escocia y Gales, ha decidido lanzar todo su arsenal contra el Gobierno, que lleva días sumergido en escándalos de corrupción.
Todo empezó hace un par de semanas, cuando se conoció que el ex primer ministro 'Tory' David Cameron había contactado con diversos miembros del actual Ejecutivo, con especial atención al ministro de Finanzas, Rishi Sunak, para pedir ayudas para la empresa financiera Greensill Capital. Esta compañía, que había recibido diversos contratos por parte del Gobierno, acabó quebrando. Pero Cameron, accionista y posteriormente empleado de Greensill intentó interceder ante el Ministerio de Hacienda y el banco de Inglaterra para conseguir más contratos para la firma que salvaran su situación. No solo eso, sino que el propio Lex Greensill, dueño de la firma, trabajó personalmente como asesor en Downing Street y contrató a un alto funcionario de la administración para trabajar como asesor de su empresa sin abandonar su puesto público.
Legalmente, ese funcionario anónimo no podía trabajar como lobista, pero Cameron sí, ya que su Gobierno bloqueó un proyecto de ley laborista que hubiera obligado al ex 'premier' a incluir a esa empresa dentro de su registro de intereses. El asunto llegó de pleno al Parlamento, que ya ha abierto ocho comisiones de investigación sobre el asunto, y permitió a la oposición recuperar las acusaciones de corrupción que incineraron al Gobierno de John Major y condenaron a los 'tories' a más de una década de travesía por el desierto. Este mismo lunes, el jefe de la Administración Pública, Simon Case, ha reconocido que "no han encontrado" el contrato de los trabajos por los que el Gobierno pagó a Greensill, lo que tildó de "altamente alarmante".
Reforma con una 'caja B'
El tema, sin embargo, no había afectado personalmente al actual Ejecutivo. Pero la cosa cambió cuando la semana pasada alguien filtró que Johnson había financiado de forma irregular su reciente reforma de la residencia del primer ministro, en el número 11 de Downing Street (el 10 se usa para oficinas). El erario público destina normalmente unas 30.000 libras para reformas dentro de los presupuestos tras cada cambio de inquilino, pero el coste real de la renovación de Johnson se ha calculado en varios cientos de miles de libras. La diferencia, según esas filtraciones, habría llegado de parte de donativos irregulares al Partido Conservador.
El Gobierno salió en tromba a negar esas acusaciones, y el portavoz de Johnson aseguró que el primer ministro había sufragado personalmente los costes de la obra. Pero entonces apareció Cummings, que durante año y medio había sido jefe de Gabinete todopoderoso de Downing Street. En un mensaje en su blog aseguró que "los planes [de Johnson] de que los donantes pagaran en secreto por la renovación eran poco éticos, estúpidos, posiblemente ilegales y con toda certeza violaban las reglas sobre la declaración de las donaciones políticas". En las horas siguientes, el diario conservador Daily Mail empezó a publicar nombres: David Brownlow, un donante 'tory' al que Theresa May nombró lord antes de dimitir y dar paso a Johnson, habría puesto casi 60.000 libras de forma irregular, el doble de los fondos legales de los que disponía el 'premier'.
Según la cadena ITV, sería el propio partido Conservador el que dio los fondos a Johnson en forma de "préstamo", aunque todavía no han registrado los contratos ni los documentos correspondientes ante la Junta Electoral, que dice que "está trabajando" con el partido para regularizar el asunto. De no hacerlo, sería una violación muy grave del código de conducta del Gobierno, que, según sus normas internas, debería conllevar la dimisión del cargo en cuestión.
En su declaración ante los diputados este lunes, Case, que como jefe de la Administración debía tener constancia de los datos, no reconoció abiertamente que hubiera habido pagos irregulares, pero tampoco lo desmintió, sino que dijo "no tener todos los detalles", pese a ser el jefe último de los funcionarios de Downing Street, solo por debajo de Johnson y el ministro del Gabinete. Eso sí, añadió que "el primer ministro hará las declaraciones convenientes y todo será tributado de forma apropiada".
Con el país ya caliente, la BBC recibió otra filtración, esta vez de una conversación entre Johnson y James Dyson, dueño de la empresa de electrodomésticos y tecnología de su mismo nombre. En esos mensajes de texto, el primer ministro le prometía al empresario "arreglar" algunos de los problemas fiscales de la firma. Johnson se justificó alegando que este asunto era parte del acuerdo para comprar respiradores en medio de la pandemia, y que no se arrepentía de "mover cielo y tierra" para comprar más aparatos de oxígeno durante la primera ola de la pandemia. Cummings reconoció públicamente guardar mensajes sobre el tema en su teléfono y ofreció compartirlos, pero dijo que no eran los mismos que se habían filtrado.
Por si todo esto no fuera poco, el ex jefe de Gabinete acusó a Johnson de haber presionado para cerrar una comisión de investigación parlamentaria sobre la filtración de los detalles del confinamiento navideño antes de tiempo, ya que el principal sospechoso era un alto cargo del equipo de Downing Street, Henry Newman, especialmente valorado por la novia de Johnson, Carrie Symonds.
Según Cummings, "Johnson me dijo, 'Si se confirma que Newman es el filtrador, entonces tendré que despedirlo, y esto me causará serios problemas con Carrie, ya que son muy buenos amigos. ¿Quizás podríamos conseguir que el ministro del Gabinete [Michael Gove, aliado clave de Johnson] detenga la investigación de la filtración?", a lo que el entonces asesor áulico, según sus propios recuerdos, respondió que "era una locura totalmente contraria a la ética". En respuesta a esta filtración, Johnson llamó a los jefes de los principales periódicos para negarlo todo y acusar a Cummings de "inventarse cosas", lo que llevó a este a ofrecer pruebas a todos los medios que las quisieran.
Todo esto ocurre en el que puede ser el peor momento posible para Johnson y, quizá, el propio Reino Unido
Pero este lunes, la jornada ha comenzado con una acusación más sonora todavía. Según una fuente anónima "cercana a Johnson", el primer ministro dijo el pasado mes de octubre que "no habrá más jodidos confinamientos" y que "dejaremos que los cuerpos se apilen en las calles si hace falta". Finalmente sí que se aprobaron restricciones ese mes y un confinamiento duro en diciembre, pero la dureza de la frase ha sacudido a los políticos de todos los colores. Downing Street ha afirmado que Cummings no estuvo en la reunión donde se debatió ese tema y por tanto no podía saber su contenido, aunque la cadena ITV ha asegurado que el filtrador ha sido otra persona.
Toda esta avalancha de escándalos, un goteo constante, llega en el que puede ser el peor momento posible para Johnson y, quizá, el propio Reino Unido. El jueves 6 de mayo se celebran elecciones municipales en parte del país y a las Asambleas de Escocia y Gales. En Escocia, el miedo es que los partidos independentistas sumen la mayoría absoluta en un sistema electoral diseñado precisamente para evitarlo, dando un enorme impulso a las demandas de la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, de pedir un segundo referéndum de autodeterminación, que esta vez sería poco menos que una moneda al aire. Y en Gales, la posibilidad es que los independentistas de este pequeño reino se conviertan en segunda fuerza, por delante de los 'Tories', y pongan en marcha su propia campaña de separación. Cuánto más se hable de los infinitos escándalos del Gobierno, menos tiempo habrá para hablar de cualquier otra cosa.
