El Gobierno ya ha dado el primer paso para iniciar la nacionalización de Sareb al aprobar un real decreto que modifica el régimen jurídico de la sociedad y que elimina la limitación que impedía al Estado tener más de un 50% del accionariado del conocido como banco malo. De este modo, a partir de ahora el Estado, a través del FROB, que ahora mismo cuenta con el 45,9% del capital de la Sareb,- el resto está en manos de la banca y aseguradoras- podrá "adquirir y mantener una participación mayoritaria" y "tomar el control de los órganos sociales sin la necesidad de que Sareb adquiera la condición de sociedad mercantil estatal".
Además, en este cambio de normativa, el Ejecutivo ha especificado que el salario de los directivos de Sareb estará sujeto a los límites de las empresas públicas, que está regulado por el Real Decreto 451/2012, que establece una retribución básica máxima de 105.000 euros, sin tener en cuenta complementos y otros conceptos.
La cúpula directiva de Sareb ya había aplicado una política de reducción de costes que supuso que los directivos de la sociedad renunciaran al bonus en 2020 y 2021, entre otras medidas de eficiencia y que también impulsan la gestión de la cartera con el objetivo de obtener el mayor valor posible de los activos de la compañía.
Todos estas modificaciones se producen a raíz de que el pasado mes de marzo Eurostat determinara que el balance de la Sareb debía incorporarse a las cuentas públicas, computando así para el déficit y la deuda pública con un impacto de 35.000 millones de euros. En 2020, la compañía registró unas pérdidas de 1.073 millones de euros, un 13,3% superiores a las pérdidas de 2019.
Por otro lado, el Ejecutivo ha especificado que se mantiene la fecha de liquidación de Sareb para 2027, pese a que la sociedad considera que podría extraer un mayor valor de su cartera de suelo si se extiende ese plazo. El banco malo calcula que el Estado asumirá una deuda de 8.000 millones si no se extiende su vida más allá de 2027, según lo explicó en el informe de la comisión de seguimiento de Sareb remitido a las Cortes Generales.
