España tiene consignados 51.098 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea para los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Transición Ecológica y Reto Demográfico, los dos grandes departamentos inversores del Gobierno, en los ejercicios 2021 y 2022. De esta cantidad, apenas el 10%, 5.222 millones de euros, se destinarán a la creación de infraestructura pública, según los cálculos realizados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).
De este modo, el impacto de los Fondos Next Generation se constata como muy limitado, máxime en el marco de necesidades existentes en segmentos como el agua, el medio ambiente, la energía o la movilidad sostenible y, además, en un entorno en el que la crisis económica surgida tras la pandemia y acentuada con la guerra en Ucrania obligará a España presumiblemente a enfrentar un periodo de reducción de deuda pública y de ajustes fiscales. No en vano, los 72.000 millones de ayudas directas que España prevé recibir de la Unión Europea a través de los fondos comunitarios para combatir los efectos económicos del Covid-19 ya supondrían, en el irreal supuesto de que todo se dirigiera a infraestructuras, la cuarta parte de las necesidades de inversión que se estiman en el sector para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que fija la Agenda 2030.
De los 51.098 millones aprobados, el 43,1%, 22.040 millones, se focaliza en los ministerios de Transportes (10.857 millones) y de Transición Ecológica (11.183 millones). De esa cantidad, el 49,6% (10.935 millones) será gestionado por los departamentos que dirigen Raquel Sánchez y Teresa Ribera de forma directa, con 4.307 millones y 6.628 millones, respectivamente. Mientras, el 35,9% (7.924 millones) será transferido a las Comunidades Autónomas (3.620 millones de Transportes y 4.304 millones de Transición Ecológica). Mientras, el 10,3% (2.287 millone) de estos fondos se dirigirán a las corporaciones locales (2.037 millones de Transportes y 250 millones de Transición Ecológica). Por último, el sector privado únicamente recabará 894 millones, íntegramente procedentes de Transportes.
Los 5.222 millones destinados a infraestructura pública representan apenas el 24% de todos los fondos recibidos por ambos ministerios. Este importe se reparte en 4.302 millones el de Transportes (el 39,6%), con Adif aglutinando 2.038 millones, y 920 millones el de Transición Ecológica (el 8,2%).
El sector demanda al Gobierno el impulso de mecanismos de colaboración público-privada
En el caso de Transportes, de los 10.857 millones, el plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana abarca la mayor partida, con 4.140 millones de euros para 2021 y 2022. De esta cifra, un total de 2.939 millones se concentra para el programa de rehabilitación de entornos residenciales a nivel barrio (50.000 viviendas) y rehabilitación integral de edificios (150.000 viviendas). Por su parte, el plan de choque de movilidad acapara 3.347 millones, de los que el 29%, 1.303 millones, se asignan a infraestructuras de obra civil. Y, por último, la movilidad sostenible, segura y conectada copa 3.360 millones de los fondos consignados para el Ministerio, de los que 889 millones, el 26%, son para infraestructuras de obra civil.
El departamento que lidera Raquel Sánchez tiene, de este modo, ya consignados el 65% de sus fondos previstos hasta 2023. Quedan pendientes de aprobación 5.845 millones. De esta dinero, 1.189 millones se destinarán al plan de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos, 1.360 millones a rehabilitación y 3.308 millones a movilidad sostenible orientada a la red nacional de transportes y corredores europeos y a la intermodalidad y logística, principalmente.
Efecto de la crisis de materiales
El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, por su parte, distribuye sus 11.182 millones consignados para 2021 y 2022 en 7.631 millones para el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), desagregados en cinco componentes con actuaciones en energías renovables, eficiencia energética, almacenamiento y movilidad eléctrica; 1.079 millones para la preservación del litoral y recursos hídricos, centrándose el 76%, 824 millones, en infraestructuras hidráulicas; y 908 millones para conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad, de los que casi un 10%, 96 millones, corresponden a la creación de infraestructuras hidráulicas.
Adif aglutina 2.038 millones de euros de las inversiones previstas en 2021 y 2022 del MRR para obra civil
El ministerio que dirige Teresa Ribera cuenta hasta 2023 con 19.842 millones procedentes de los fondos europeos, por lo que aún tiene pendientes de aprobación 8.660 millones, equivalentes al 44% del total. De esta cantidad, 734 millones serán para ecosistemas y biodiversidad, 1.012 millones para preservación del litoral y recursos hídricos, 1.790 millones para programas de hidrógeno verde, transición energética e implementación de la normativa de residuos y economía circular.
Seopan estima que el impulso de los Fondos Europeos en la actividad nacional de 2022 podrá generar una actividad adicional de 3.830 millones, equivalente al 3% de la producción nacional, impulsada por la actividad de rehabilitación en edificación residencial con 2.400 millones, la obra civil con 870 millones€ y la edificación no residencial con 560 millones.
Partiendo de la estadística de producción en construcción nacional (demanda pública y privada) por subsectores de actividad (obra civil, edificación residencial y no residencial), la previsión de incremento de actividad en el sector de la construcción en 2022 es del 3,9%, según Seopan. Es un 49% inferior a la del consenso económico nacional, "demasiado optimista", a juicio de la patronal de las grandes constructoras, "si se tienen en cuenta los plazos de inicio de actividad de la obra licitada y no contratada en 2021, y que muchos programas de fondos MRR, a la fecha actual no tienen realizadas las convocatorias de 2021".
243.000 millones de euros son las necesidades de inversión urgentes para que España cumpla con la Agenda 2030
Ahora bien, en caso de no adoptarse medidas que permitan la restitución de las condiciones de mercado para el suministro de materiales de construcción, dos semanas de paralización de la actividad por desabastecimiento implicarían la pérdida del crecimiento sectorial previsto para 2022, advierte la organización que preside Julián Núñez. A partir de la tercera semana de desabastecimiento se produciría una reducción de actividad equivalente a 2.385 millones por semana y un mes de paralización por desabastecimiento implicaría una contracción de la producción anual del -3,8% de la actividad de 2021.
Los Fondos Next Generation ayudarán, por tanto, a reforzar la actividad de construcción en España y a mejorar la red de infraestructuras, pero de una manera muy acotada. Ante la escasez de recursos destinados a la infraestructura de obra civil, el sector de la construcción demanda que se impulsen los mecanismos de colaboración público-privada para poder acometer los proyectos prioritarios que España necesita para cumplir con la Agenda 2030 y para mantener el stock de capital en infraestructuras que tiene actualmente.
1.486 euros es la inversión pública media por kilómetro cuadrado y por cada 10 millones de habitantes en España para 2022
Diferencia con Europa
No hay que olvidar, además, que a pesar del crecimiento del Ministerio de Transportes en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, según las últimas previsiones de inversión de la Comisión Europea (CE) para 2022-2023, la inversión pública total prevista en España en dicho periodo será un 61% inferior a la media de las tres mayores economías europeas, resultando un -53%, -65% y -67% menos que Italia, Alemania y Francia, respectivamente. En términos de ratio inversor por habitante y superficie España ocupa de nuevo la última posición del ranking inversor europeo, con 1.486 euros por kilómetros cuadrado y por cada 10 millones de habitantes. Un nivel que contrasta con los 5,5 millones de Malta, los 2,4 millones de Luxemburgo, los 101.113 euros de Chipre o los 81.432 euros de Eslovenia. Italia lo sitúa en 3.361 euros, Alemania en 3.232 euros y Francia en 2.549 euros.
Las inversiones más urgentes detectadas por Seopan para cumplir la Agenda 2030 representan más de 243.000 millones repartidos en: 23.825 millones en Agua y Medioambiente, que permitirían cerrar los expedientes de sanciones abiertos por la Comisión Europea en depuración y tratamiento de residuos; 58.322 millones en infraestructuras de transporte para garantizar una movilidad sostenible y segura, recuperar inversiones en infraestructuras de transporte público, actuar en la red viaria convencional para reducir la fatalidad e invertir en la red ferroviaria convencional y en estaciones de transporte intermodal para promover el transporte ferroviario de mercancías; 134.118 millones para cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en materia de eficiencia energética, energía renovable, autoconsumo, almacenamiento e infraestructura de recarga para garantizar la movilidad eléctrica; 21.400 millones en infraestructuras de salud para reforzar la capacidad del sistema hospitalario e igualar la capacidad asistencial al ratio medio de la OCDE; y 6.000 millones en creación de infraestructura verde en entornos urbanos.