Madrid
Dos meses después de la invasión de Ucrania, queremos subrayar lo evidente: la guerra ha trastocado el panorama socioeconómico y geopolítico a nivel mundial. Si antes de la invasión podíamos ver salida al que fue el problema global de desabastecimiento de materias primas y la subida de precios posterior -una crisis que empezó a mediados de 2021- un nuevo factor ha entrado en juego: el coste de la energía.
Ya hemos visto a los transportistas en huelga, amenaza que blanden otros colectivos que van desde taxistas a bares y restaurantes, pasando por el campo, los panaderos o el sector de la automoción: todos están ahogados por el sobrecoste disparatado de la luz y el gas y necesitan ayuda para llegar a fin de mes. Cuando no pierden dinero trabajando.
También necesita medidas de alivio con rápida y decidida intensidad la construcción, un sector que pide mano de obra joven, que crea empleo estable y de calidad y que es clave para la recuperación económica de España. Lo cierto es que la energía puede suponer alrededor del 30% de los costes en algunas obras, y lo que nos llega a la patronal son demandas desesperadas de nuestras compañías -líderes mundiales, recuerden- porque en ocasiones sale más caro ejecutar que paralizar obras.
Además, la energía es básica para el cemento, el acero, el betún o el ladrillo y las cerámicas. Igualmente los hidrocarburos para la maquinaria a la que recurrimos a diario. Y así otros muchos materiales electrointensivos habituales en nuestro trabajo y que quedan para el bienestar de todos.
Con carácter previo debemos reconocer el esfuerzo y apoyo del Ministerio de Transportes en particular, y del Gobierno en general, con los diferentes sectores para ayudar a mitigar el golpe y aliviar el bolsillo de los afectados por la luz, el gas y el combustible. Es de justicia decir que la ministra Raquel Sánchez escuchó nuestras peticiones anteriores a la escalada energética, cuando el Consejo de Ministros aprobó el pasado 1 de marzo el Real Decreto-ley con medidas de carácter extraordinario para revisar, excepcionalmente, los precios de los contratos públicos de obras afectados por la subida de los precios de los materiales. Momento en el que no había estallado el conflicto bélico.
Soluciones conjuntas
Un Real Decreto-ley que incluso fue ampliado el 30 de marzo, lo que demuestra la buena voluntad del Gobierno. No obstante, las circunstancias han cambiado, y mucho. Es imprescindible sentarse, reunirse con los diferentes Departamentos, con el Gobierno y las administraciones públicas, para buscar soluciones conjuntas, colegiadas y efectivas en un momento tan delicado para muchos, sobre todo para toda la cadena de la construcción, que está llevando a tantas empresas a una situación límite. Se está empezando a destruir empleo y el número de licitaciones desiertas va en aumento, según nos transmiten las compañías.
Nuestras compañías no tienen la culpa de la pandemia, ni del desabastecimiento, ni del alza de precios de los materiales básicos y la energía.
Por todo ello, el paquete de medidas aprobado por el Gobierno debería incluir el coste de la energía en los contratos públicos revisados. En paralelo, convendría que el Real Decreto-ley permaneciera en vigor más tiempo, ante la imperiosa necesidad de ofrecer más estabilidad al mercado; hay que lograr certidumbre con su extensión más allá del ejercicio de 2021.
Y, por último, la Ley de desindexación de la economía española no debería aplicarse a la contratación pública. El sistema de revisión de precios -que existe desde 1965- dio siempre estabilidad hasta la entrada en vigor de esa ley en 2015. Pero actualmente no se pueden revisar, por ejemplo, los contratos de servicios. El sistema de revisión de precios se basa en unos índices que elabora el INE y que aprueba el Ministerio de Hacienda y Función Pública, por lo que su rigor estaría asegurado. Así que la anómala situación que vivimos aconseja volver al sistema que había hasta 2015.
Son, en definitiva, reivindicaciones para ajustar urgentemente la factura de la luz que amenaza la supervivencia de tantas y tantas compañías. El sobrecoste energético asfixia a las empresas: mientras que febrero fue todavía un buen mes para el empleo (70.000 parados menos en términos interanuales), en marzo se produjo un frenazo en la creación de puestos de trabajo y un aumento inesperado del paro en 5.664 personas. Todo ello por el sobrecoste de la energía y por la ausencia de medidas.
Medidas contundentes
En resumidas cuentas, sería terrible paralizar la actividad en un sector que crea empleo estable (108% más de contratos indefinidos entre febrero de 2020 y febrero de 2022) y de calidad (el sueldo más bajo en el sector supera en 4.000 euros anuales el SMI). Hay que poner en marcha medidas contundentes y de calado para salvar al sector de un colapso que sería tremendo para la recuperación y para la ejecución de los fondos europeos. Porque si se para la construcción, se para la recuperación. Hagamos todo lo posible por evitarlo.
Elaborado por Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
