Madrid
L a economía global afronta 2022 con enorme incertidumbre. La inflación en las materias primas cocida a fuego lento desde mediados de 2020 por la reactivación de la producción industrial tras la pandemia y la congestión portuaria internacional y el consecuente incremento de precio en el transporte marítimo, se agravó en 2021 por los precios de la energía, registrándose en España incrementos del 584% y 278% en electricidad y gas respectivamente. Finalmente, en 2022, la incertidumbre económica generada por la guerra de Ucrania ha agravado aún más la espiral inflacionista a nivel europeo al suministrar Rusia el 32% de la demanda de gas europea y también a nivel global al concentrar el 17% y 12% de la producción mundial de gas y petróleo respectivamente. En lo que respecta a Europa, las últimas previsiones de marzo del Banco Central Europeo (BCE) reducen el crecimiento económico europeo en 2022 del 4,2% al 3,7%, en un entorno de inflación sin precedentes con una previsión del 5,1%, dos puntos porcentuales más que lo pronosticado en diciembre pasado.
A medio plazo, los organismos internacionales prevén una progresiva reducción de la inflación tras el pico que se alcanzará en el primer semestre de 2022 hasta situarse, según la Comisión Europea (CE) en el entorno del 3% a finales de año, y según el BCE en el entorno del 2% en 2024. En lo relativo a los impactos en los consumidores finales de la congestión y encarecimiento del transporte marítimo de mercancías, que en 2022 implicarán un adicional de inflación global de hasta 1,5 pp, serán más persistentes y no se disiparán hasta 2023.
Esta coyuntura inflacionista, que afecta a todos los países, tendrá especial repercusión en España en el sector de la construcción e infraestructuras en 2022-2023 que representa el 10% de nuestro PIB con una producción anual de 124.000 millones de euros y 1.770.000 trabajadores. La inflación en materias primas y materiales impacta directamente en el 40% de la estructura de costes sectorial que implica un volumen anual de suministros de 50.000 millones. En lo que respecta a la obra civil, en su práctica totalidad demandada por el sector público, con un volumen anual de suministros, de 7.200 millones, destaca asimismo la elevada representatividad de materiales procedentes de la industria electro intensiva, del 38% (2.700 millones/año) en productos siderúrgicos, cemento, aluminio y cobre, y también la de productos derivados del petróleo, el 16% (1.160 millones/año) en materiales bituminosos, gasoil y fuel de bajo contenido en azufre. Ambas tipologías consumen el 54% del total de suministros de la obra civil.
Las medidas del RD-ley 3/2022, modificado por el RD-ley 6/2022 de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, contribuirán a garantizar la continuidad de la actividad constructora nacional. Y ello será posible por el procedimiento de revisión de precios excepcional, mecanismo existente en nuestra regulación desde los años sesenta que incomprensiblemente dejó de ser obligatorio tras la reforma de la Ley de Contratos de 2007 y también por las medidas adoptadas para reactivar a la industria electro intensiva y garantizar el transporte de mercancías por carretera.
Moderado impacto
Nuestras previsiones sectoriales para 2022 en un escenario previo a las incertidumbres ya referidas, confirman un crecimiento de actividad potencial del 3,9%, impulsado por la obra civil (+9,6%) y la rehabilitación en edificación residencial (+5,7%). A este respecto conviene destacar el moderado impacto de las subvenciones del programa Next Generation que generaría según nuestras estimaciones un impulso adicional de actividad de 560 millones en edificación no residencial, 600 millones€ en rehabilitación de edificación residencial, 870 millones en obra civil y 1.800 millones€ de actividad en infraestructuras de energía renovable fotovoltaica y almacenamiento en edificación residencial.
Adicionalmente, en lo que se refiere a España otra cuestión relevante es la inminente revisión por la CE de la desactivación de la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo que volverá a reactivar las reglas que limitan el déficit y deuda pública de los Estados miembros. De momento la CE ha anticipado una guía de política fiscal que presentará en el paquete de primavera del semestre europeo, en el mes de mayo, de crucial importancia para España, al figurar entre los Estados miembros más endeudados, lo que implicará iniciar una reducción gradual de nuestra deuda mediante nuevos ajustes fiscales, es decir retomar nuevamente la senda de la consolidación fiscal, sobre cuya exigencia por parte de la CE existen pocas dudas.
Para la inversión en infraestructuras es indispensable recuperar la colaboración público-privada
Los efectos de la crisis financiera de 2008 en el déficit público se afrontaron, por un lado con la mayor emisión de deuda pública de nuestra historia, de 600.000 millones, que incrementó nuestro ratio de deuda sobre el PIB del 40% en 2008 al 100% en 2014, y también mediante un drástico recorte de la inversión pública, que perdura hasta nuestros días, y que ha reducido su peso en el PIB del 5,2% de 2009 al 2,0% actual.
En lo que respecta a la falta de inversión pública, lo que nos sitúa nuevamente en 2022-2023 con el menor ratio inversor por habitante y superficie de toda Europa, ha generado un déficit inversor en infraestructuras superior a los 243.000 millones, coincidente además con las inversiones necesarias para garantizar el cumplimiento de la Agenda 2030, que se acrecentará, si cabe aún más, con la propuesta de medidas "Fit for 55" acordadas por la CE en julio de 2021 en materia de energía y cambio climático, especialmente relevantes para el transporte, la movilidad y la edificación. Y en lo que respecta a los nuevos ajustes fiscales, y al contrario que lo realizado en el pasado, no podremos recurrir a nuevos procedimientos de endeudamiento público.
En esta coyuntura, garantizar la inversión en infraestructuras que nuestro país necesita requiere incrementar nuestra inversión pública en el PIB y para ello es indispensable recuperar la colaboración público privada, inexistente desde 2012 y que requiere, urgentemente, modificar el Decreto de desarrollo de la ley de Desindexación de 2015 y una revisión profunda de nuestra regulación concesional. Y con respecto a la reducción de nuestro déficit público en una coyuntura que no contará con el salvavidas de la deuda pública, no podremos demorar y posponer la decisión de importantes reformas, que son además requeridas por la CE y están presentes en el Plan de Recuperación.
Elaborado por Julián Núñez, Presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan)
