Abertis, el operador de infraestructuras controlado por ACS y la italiana Mundys, ha perdido la última batalla en su guerra judicial con el Estado por Acesa, la concesionaria que gestionó hasta 2021 varios tramos de las autopistas AP-7 y AP-2 en Cataluña y Aragón.
En concreto, el Tribunal Supremo ha desestimado la reclamación de Abertis para recibir una compensación adicional de casi 20 millones de euros por la liquidación del contrato de concesión.
El grupo que lideran Juan Santamaría, como presidente, y José Aljaro, como consejero delegado, presentó el pasado 7 de febrero un incidente de ejecución de la sentencia de enero de 2024 en la que el Tribunal Supremo únicamente reconoció el pago por parte del Estado de 32,9 millones de euros.
Previamente, en febrero de 2022, el consejo de ministros acordó compensar a Acesa con 1.069,9 millones de euros por las obras realizadas en las infraestructuras. La concesionaria de los tramos de la AP-7 Barcelona-La Jonquera, Barcelona-Tarragona y Montmeló-El Papiol y de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo lo impugnó al considerar que le correspondían 5.373 millones, por lo que reclamó los 4.303 millones de diferencia, pero el Alto Tribunal rechazó la mayor parte de sus pretensiones.
Atendiendo a la sentencia del Supremo, en diciembre de 2024, el consejo de ministros modificó el saldo de compensación desde los 1.069,9 millones hasta 1.154,8 millones. De este modo, el Gobierno admitió sumar 84,9 millones. Esta cantidad, sin embargo, es inferior a la que Abertis considera que resulta de incorporar la cifra establecida por la sentencia del Tribunal a la fórmula matemática para calcular la compensación de liquidación, incrementándose con la capitalización financiera correspondiente y añadiendo la compensación por el efecto impositivo.
Así, según la concesionaria, el importe adicional debía ascender a 104,2 millones de euros, de modo que se elevara hasta los 1.174,2 millones. Es por ello que la multinacional española presentó un incidente de ejecución para reclamar el abono de los 19,3 millones de diferencia entre sus cálculos y los de la Administración General del Estado y el Supremo lo ha desestimado recientemente. Antes de finalizar 2024, el Ejecutivo abonó 92,4 millones para dar cumplimiento a la sentencia, según recoge Abertis en su última memoria anual.
Con ello, la guerra judicial entre Abertis y el Gobierno por Acesa llega a su fin, toda vez que la compañía ha decidido no recurrir en instancias superiores (Tribunal Constitucional o Tribunal de Justicia de la Unión Europea) la sentencia de enero de 2024. Se trata de uno de los principales litigios que ha enfrentado el Estado en España en los últimos años.
El origen de la disputa se encuentra en el convenio entre Acesa y el Estado para modificar la AP-7. En sus reclamaciones, la concesionaria aludió al incremento sustancial del tráfico en la autopista y los reiterados problemas de congestión de vehículos en épocas y trayectos concretos, que hicieron necesaria su ampliación, mediante la construcción de nuevos carriles en determinados tramos. De igual modo, las estimaciones de tráfico quedaron por debajo de los datos reales.
Tras la aprobación del saldo de compensación por parte del consejo de ministros en 2022, Abertis difirió en tres cuestiones. La fundamental fue la interpretación de la fórmula matemática de compensación establecida en el convenio de 2006. El Gobierno sostuvo que el margen diferencial entre el tráfico real y el de referencia a partir de series históricas, en caso de ser negativo, no podría sumarse a las inversiones realizadas por Acesa, mientras que la concesionaria consideraba que el convenio incluía una garantía de tráfico, de forma que si el margen diferencial resultaba negativo, debería sumarse a las inversiones realizadas. Desde 2011 hasta 2021, el tráfico real fue en casi todos los años inferior al de referencia.
El Supremo no acogió la interpretación de Acesa, al considerar que el convenio no hace ninguna referencia ni se incluye ningún acuerdo sobre una transferencia del riesgo de demanda.
En segundo lugar, Acesa alegaba que la inversión en las actuaciones previstas en el convenio de 2006 no fue de 505 millones, como reconoció el acuerdo del consejo de ministros, sino de 555 millones, por lo que reclamó la diferencia. El Supremo estimó 32,9 millones más intereses.
En tercer lugar, Acesa reclamaba 203 millones por la reducción del tráfico de la AP-7 debido a los desdoblamientos de las carreteras N-II (Gerona) y N-340 (Tarragona). El juez lo rechazó porque, aunque en el convenio existía una cláusula al respecto, los desdoblamientos afectaron menos kilómetros de los previstos y tampoco quedó probado que deterioran el tráfico de forma apreciable.