Especial Infraestructura
España es el cuarto país europeo, según la base de datos de Eurostat, con mayores pérdidas económicas derivadas por fenómenos meteorológicos extremos y eventos climáticos. Así, en 2020, estas alcanzaron los 27,13 euros por habitante. Por ello, y según calculó la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), debe invertir 85.000 millones de euros hasta 2035 en infraestructuras hídricas para adaptar su red a los requerimientos de calidad necesarios.
Con todo ello, dentro del Plan Hidrológico de Tercer ciclo 2022-2027, 11.016 millones de euros van destinados para el saneamiento y depuración, que son de ejecución prioritaria. En este sentido, destacan las EDARES de la Confederación Hidrográfica del Tajo de China, Butarque y Sur en Madrid con 899 millones de euros. Del mismo modo, hay una partida de 3.054 millones de euros para la prevención de inundaciones, que en los últimos años han sido cada vez más frecuentes e intensas.
De hecho, la DANA del pasado mes de octubre confirma la evidencia científica del impacto del cambio climático en las Cuencas Mediterráneas, lo que requeriría, entre otras medidas, la implementación de un programa extraordinario de inversiones en las Cuencas Mediterráneas de hasta 5.000 millones de euros adicionales. Dentro de este programa, se incluyen 4.242 millones de euros, ya programados en el marco del Plan Hidrológico (PH) y el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) para el periodo 2022-2027, para restauración, conservación de ecosistemas, prevención de inundaciones y regulación hidrológica, y comprenden un total de 64 actuaciones por valor de 1.908 millones de euros.
Además, hay 120 millones de euros para adelantar la ejecución de la presa de laminación de Montesa, ubicada en el río Cáñoles. También se proponen 400 millones de euros para el reestudio y la ejecución de cuatro grandes estructuras de laminación en el ámbito afectado por la DANA. Estas presas son Villamarchante (en el río Turia), Estubeny (río Sellent), Marquesado (río Magro) y Cheste (en los barrancos del Poyo y Pozalet). Y, por último, se destinan 300 millones de euros para el reestudio y posible ejecución de proyectos de adecuación ambiental y mejora del drenaje en la cuenca del Poyo, con el fin de incrementar su capacidad de respuesta ante eventos extremos.
Por otro lado, para garantizar el suministro de agua para abastecimiento y regadío se invertirán 8.748 millones de euros. Para la conservación y mantenimiento de las obras hídricas, los Planes Hidrológicos 2022-2027 calculan una partida de 1.649 millones de euros para intervenciones planificadas. Y quedan 4.871 millones de euros para otras actuaciones, como, por ejemplo, obras marítimas y en el litoral o reposición de conducciones, entre otras.
Mucho por hacer
Sin embargo, se requieren otros 44.500 millones de euros adicionales, hasta sumar los 85.000 millones de euros en total, para modernizar y adaptar la normativa del stock de capital público de las infraestructuras hidráulicas. En esa cantidad adicional se incluyen 15.643 millones de euros en conversión de redes de alcantarillado unitarias separativas, 15.000 millones de euros en adaptación del stock nacional de depuradoras a la nueva directiva europea o 10.849 millones de euros para la reposición de las redes de suministro de agua urbanas, entre otros.
El 74% del territorio español está en riesgo de desertificación, con más de 9 millones de euros de hectáreas catalogadas como zonas de riesgo alto o muy alto. A pesar de esto, nuestro país es una de las economías que menos ha destinado a la protección del medio ambiente. No cabe duda de que la crisis financiera de 2008 dejo estragos, pues derivó en la reducción de la inversión pública en infraestructuras hidráulicas, pasando de los 3.011 millones de euros anuales de medios registrados entre los años 2007 y 2010 a 1.296 millones de euros entre 2011 y 2022. Asimismo, según apunta Eurostat, en el periodo que comprende de 2013-2021, la inversión pública en protección del medio ambiente representó 28 euros por habitante al año en España, frente al promedio europeo de 47 euros.
No obstante, en España hay sobre la mesa varios proyectos innovadores como, por ejemplo, la construcción de la Desalinizadora de la Campana, en Murcia, de la mano de Vols-Partners. Se prevé que tenga una capacidad de producción de 600 hm3/año. Además, se contempla la construcción de un nuevo embalse, de 230 hm3 de capacidad, y una planta fotovoltaica de 2.700 MW. Así, en total, la inversión estimada asciende a 6.800 millones de euros.
Otro proyecto innovador es el de la Universidad de Málaga, que plantea el proyecto Agua + S, que vertería agua desalada al embalse existente de La Viñuela, en Málaga. La construcción de la desaladora, de 20 hm3, supondría una inversión de 67 millones de euros. Esta misma solución podría replicarse en los términos municipales de Torre del Mar y Nerja, aprovechando también embalses existentes. En este caso, estas dos desaladoras supondrían una inversión de 140 millones de euros.