Madrid
Duro Felguera está involucrado en una posible multa que supera en 40 millones de euros toda su capitalización. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este lunes el pago de 160 millones de euros para la empresa y dos de sus expresidentes. Esta acusación se enmarca en la causa abierta en la Audiencia Nacional para investigar presuntos sobornos para la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela.
En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los expresidentes la firma con sede en Gijón; Ángel Antonio del Valle y Juan Carlos Torres, podrían afrontar penas que interesan de 10 años y 4 meses. Además, Anticorrupción pide para la firma y los exdirectivos que el tribunal sentenciador les inhabilite para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 2 años.
En cuanto a los delitos que achaca Anticorrupción a los investigados, el escrito enumera hasta una docena de ellos que giran sobre las figuras del delito continuado de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, el delito continuado de falsedad de documento mercantil y el blanqueo de capitales.
La actuación de los juristas se acotó sobre 11 personas físicas y una jurídica (Duro Felguera). Además de la empresa, se encuentran también relacionados dos exviceministro venezolanos: Nervis Villalobos y Javier Ochoa Alvarado, además de la exmujer de Ochoa y la mujer de Villalobols.
Fuentes de la empresa señalaron a Europa Press en enero, cuando se confirmó el procesamiento de la compañía, que nada de lo practicado en la instrucción indica que el grupo haya actuado de manera inadecuada o contraria a las normas legales imperantes. "No existe elemento, constancia, evidencia o indicio alguno de que Duro Felguera sea responsable de hecho delictivo alguno", indicaron.
Por el contrario, apuntaban, las actuaciones del grupo "encuentran fundamento en compromisos contractuales perfectamente legales y de conformidad con la regulación legal y corporativa que fuera de aplicación". "Todo ello ha sido ratificado por informes periciales de expertos independientes", añadían.
Los hechos investigados
Tal y como recuerda la Fiscalía en su escrito, los hechos investigados se remontan a 2009, cuando hubo "una gran crisis energética en Venezuela" que llevó a restricciones y a una declaración de "emergencia eléctrica".
Los fiscales indican que, "como una de las soluciones para paliar dicha emergencia se decidió por la administración venezolana la construcción de la central termoeléctrica 'Planta El Sitio', en Santa Lucía (estado de Miranda)" con el objetivo de surtir a la Gran Caracas, con 4,5 millones de habitantes.
"Para la adjudicación de esa obra, el entonces ministro de Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, consiguió que se designara a la empresa española Duro Felguera" y "ésta, a cambio, se comprometió a realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos que determinaron dicha adjudicación", afirman, para añadir que fueron Ángel Antonio del Valle y Juan Carlos Torres quienes "decidieron dichos pagos, en nombre de Duro Felguera".
Detallan que, para la construcción de la central, Duro Felguera actuó como UTE Termocentro, que firmó "una serie de contratos con entidades y personas venezolanas que tenían por objeto encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos, para que se favorecieran los intereses de dicha mercantil".
En concreto, precisan que se pagaron al menos 105,6 millones de dólares a Villalobos a través de "sociedades interpuestas" a fin de que "éste usara su capacidad de influencia en la administración venezolana en beneficio de aquella mercantil".
Esa cantidad, aseveran, se pagó en tres tandas a lo largo del período de diciembre de 2008 a marzo de 2013. No obstante, resultaron "pagos útiles" para que desde los puestos ocupados por los acusados Luis Carlos de León Pérez, Julia Van Der Brule, así como el de Javier Ochoa Alvarado, entre otros, y con los contactos de Nervis Villalobos, "se beneficiara a la oferta presentada por la UTE Termocentro".
El juez instructor, en el auto de procesamiento sostuvo que fue ese "trato de favor" obtenido mediante presuntos sobornos, lo que permitió que Duro Felguera consiguiera el contrato para la ejecución del proyecto Termocentro, valorado en 1.500 millones de dólares.