Madrid
El desarrollo de una red de infraestructura de recarga pública para los vehículos eléctricos es uno de los desafíos que enfrenta España en la actualidad para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El Gobierno constituyó hace casi un año el grupo de trabajo Infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico, con una primera reunión celebrada el 15 de junio que estuvo presidida por el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Sus objetivos consisten en la elaboración de recomendaciones y debate sobre tecnología para concretar medidas y cuantificar inversiones.
Seopan envió en julio un plan a Transición Ecológica, pero por ahora no ha habido ningún avance en la línea trasladada por la patronal de las grandes constructoras. La organización diseñó una propuesta para la construcción de 598 electrolineras con 5.272 puntos de recarga públicos de 350 kilovatios (KW) para vehículos eléctricos, para una potencia total instalada de 1.845 megavatios (MW). La inversión requerida asciende a 1.643 millones de euros.
Seopan promulga el desarrollo de un Proyecto sectorial Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para la anticipación de la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico en la red viaria interurbana, tanto de gran capacidad como convencional, titularidad del Estado.
A juicio de Seopan, el impulso de este Perte "cumpliría todos los criterios", si bien esta fórmula limita el ámbito de actuación –quedaría fuera la red autonómica–, considerando la construcción y enganche de infraestructura de recarga en 9.024 kilómetros de autovías libres de peaje –excluye a las autopistas de peaje y a 1.042 kilómetros de 11 concesiones del Estado– y en 11.869 kilómetros de convencionales.
Para la ejecución del Perte, la patronal plantea una estructura de financiación público-privada similar a la de otras iniciativas como la del Perte de Digitalización del ciclo del agua que contempla una financiación pública proveniente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del entorno del 60%, equivalente en este caso a la consignación de 986 millones? de subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, anticipando el sector privado el 40% restante (657 millones). Esto requeriría la correspondiente aprobación de una norma de rango legal.
Las compañías privadas responsables de la construcción y enganche de las electrolineras financiarían durante un determinado plazo la aportación de recursos privados al Perte, dando con ello un periodo razonable para la consolidación de la comercialización y venta de vehículos eléctricos en España.
La modalidad de financiación planteada por Seopan, que contempla el anticipo de recursos privados por parte de las compañías de infraestructuras, se ha aplicado con anterioridad en el denominado método alemán, utilizado con éxito en el pasado, si bien dicha práctica cayó en desuso por las limitaciones impuestas en la modificación de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector público –el límite a la tasa de descuento de las concesiones–.
Mayor alcance
Las necesidades de recarga, en todo caso, van más allá de la propuesta inicial de Seopan. De hecho, la organización ha elaborado un informe en el que considera, entre otras importantes inversiones en la red viaria objeto del estudio, la ejecución y enganche a la red eléctrica de electrolineras tanto en las vías de alta capacidad como convencionales, titularidad del Estado y las comunidades autónomas. Según el mismo, las inversiones a realizar se incorporan al modelo económico financiero como una inversión inicial (capex) a financiar por las sociedades concesionarias, cuya recuperación se realizaría con los futuros peajes de los usuarios. El informe se centra por tanto en la anticipación de la infraestructura de recarga y su enganche a la red de distribución, no abordando la operación y explotación de las electrolineras, lo que debería licitarse por el concedente mediante procedimiento de concurrencia competitiva tras la finalización de la infraestructura
El ámbito de actuación implicaría la construcción de 1.585 electrolineras y 10.710 puntos de recarga pública de 350 kilovatios (KW) (3.748 megavatios ?MW? de potencia instalada) para vehículos eléctricos en las vías de alta capacidad y convencionales del Estado y de las comunidades autónomas con una inversión asociada mínima de 3.766 millones. Así, considera actuaciones en 13.674 kilómetros de vías interurbanas de gran capacidad titularidad del Estado (10.065 kilómetros) y de las comunidades autónomas (3.609 kilómetros) y en 51.948 kilómetros de vías convencionales de calzada con ancho superior a siete metros, de titularidad estatal (11.869 kilómetros) y autonómica (40.079 kilómetros). De los 3.766 millones de euros de inversión mínima requerida, 1.782 millones corresponden a la red de carreteras del Estado y 1.984 millones a la de las comunidades autónomas.
