Infraestructuras y Servicios

Pago por uso, una cuestión de estado

  • España se ha comprometido con Bruselas a instaurar un sistema de pago por uso en la red de carreteras. El Gobierno de Pedro Sánchez ha aplazado la impopular medida hasta la próxima legislatura
Enlace entre la autovía A-2 y la autopista AP-7 en Castellbisbal (Barcelona)
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España tiene el compromiso con la Comisión Europea acometer la implantación del pago por uso en la red de carreteras de alta capacidad del Estado. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha descartado que vaya a instaurarse en la presente legislatura, por lo que la decisión final corresponderá al próximo gobierno. Por el momento, el Ministerio de Transportes ha contratado a Ineco y KPMG para elaborar un informe que defina, en consonancia con los ministerios de Hacienda y Asuntos Económicos, el mejor sistema de tarificación de la red bajo el principio, en cualquier caso, de que "el que contamina paga" y "el que usa paga". Existen tres modelos instaurados en otros países europeos que están en el punto de mira: la viñeta; el telepeaje según la distancia recorrida por los usuarios a través de la instalación de pórticos y sin necesidad, por tanto, de barreras (free flow); y la tarificación basada en la localización por satélite.

La introducción del pago por uso busca dar solución al déficit de inversión en la conservación de la red de carreteras de España, que supera ya los 9.900 millones de euros –en 2021–. Además, el coste para las arcas públicas se viene incrementando desde 2018 como consecuencia de la reversión de los contratos de concesión de autopistas de peaje que vencen, levantándose las barreras y, en consecuencia, asumiendo los gastos de conservación las Administraciones correspondientes. Hasta la fecha así ha ocurrido con varios tramos de la AP-1, la AP-2, la AP-4 y la AP-7. De igual modo, la Generalitat de Cataluña también asumió en 2021 las autopistas de Invicat. Una situación que irá agravándose en los próximos años según vayan venciendo nuevos contratos. En concreto, para la siguiente legislatura está previsto que el Estado afronte el final de otras 11 concesiones. Son los diez contratos de las 11 autovías de primera generación que se explotan a través de peaje en sombra y que vencen en diciembre de 2026, y el de la AP-68 Bilbao-Zaragoza, cuyo vencimiento está fijado para noviembre de 2026.

El Ministerio de Transportes ya ha iniciado los trabajos para preparar el traspaso de la gestión de todas estas carreteras, que suman una longitud próxima a los 1.300 kilómetros. A ellos podrían sumarse los de otras autovías de titularidad autonómica cuyas concesiones vencen en los próximos años, como la Ruta de los Pantanos, en Madrid. De concretarse, dejarán así de estar operadas por grupos privados participados por constructoras, concesionarias, fondos e ingenierías. No obstante, en función de cuándo se implante el pago por uso en la red, estas autopistas podrían integrarse directamente a su vencimiento en el nuevo sistema de tarificación que se determine, cuya gestión por ahora no se ha aclarado si correrá a cargo de operadores privados o de un ente público. En este último caso, que a día de hoy emerge como el más probable, Seittsa figura como la opción más lógica.

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