Desde 1993, cada 22 de marzo y bajo un lema específico, se celebra el Día Mundial del Agua, que este año ha coincidido con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, que no acontecía desde hace 50 años y que, sin compromisos específicos, concluyó con la adopción de la Agenda de Acción para el Agua: 689 compromisos y 300.000 M de dólares.
En este día se eleva un clamor unánime que alcanza los confines de la tierra, pidiendo y exigiendo que se actúe en pro del agua, fuente de vida, de progreso y de garantía del medio ambiente y, en consecuencia, de la salud. Todos hacen su manifiesto, incluidos los gobiernos. Cada año se dan unas cifras -más o menos similares que en los anteriores -sobre el número de personas sin acceso directo al agua o que carecen de saneamientos seguros, y es que lo poco que se hace apenas compensa el aumento de la población, especialmente en las zonas desfavorecidas, por lo que no hay margen para recuperar lo pendiente.
Se habla de realizar ingentes medidas avaladas por grandes números en inversiones que no se suelen cumplir. Y así, año tras año.
Los buenos propósitos para garantizar el ciclo integral del agua se materializan con dinero, pero este no llega en la cuantía debida; y es que el agua tiene problemas de gobernanza. En esta tarea han de participar los agentes sociales, entre los cuales es una pieza fundamental el tejido empresarial a través de sus asociaciones.
No se trata solo de incrementar las acciones, sino también de consolidar las ya realizadas. En materia de infraestructuras, hay que actualizar las existentes para adaptarlas a los avances tecnológicos, así como operarlas y mantenerlas, todo lo cual requiere de un esfuerzo inversor en I+D+i.
España está situada en el grupo de los países más avanzados y nos puede servir de ejemplo para mostrar el esfuerzo que realiza en el incremento y actualización de su patrimonio hidráulico.
Gracias a circunstancias especiales, estamos viviendo un momento de euforia inversora en agua. Nos referimos a los nuevos planes hidrológicos y a los fondos de Next Generation, cuya cuantía hasta 2026 alcanzará los 25.000 millones de euros. La cifra viene a corresponder al retraso inversor acumulado desde 2008, lo que significa que se producirá un nuevo el déficit, aun teniendo en cuenta los presupuestos anuales de las administraciones públicas. Solo en la operación y mantenimiento de las infraestructuras son necesarios 3.500 millones/año.
Esta evidente carencia de fondos no existiría si, entre otras cosas, el precio de agua comprendiera todos los costes, incluidos los de nueva instalación, y se regulara bien la colaboración público-privada. El precio no puede ser político, como lo es con frecuencia.
La contradicción entre lo que se dice y hace queda señalada.
