Infraestructuras y Servicios

Confebus ficha a KPMG y Eversheds para revisar el sistema concesional

  • La patronal de Alsa y Avanza detecta mejoras en las fórmulas de contratación

El sistema concesional del autobús vuelve a la agenda del Gobierno y de las grandes empresas. La patronal Confebus (Confederación Española de Transporte en Autobús), representante de Avanza y Alsa, las dos compañías que dominan el mercado, está analizando los pormenores del marco regulatorio que rige en España. Para esta misión se ha apoyado en dos agentes externos, la consultora KPMG y el despacho de abogados Eversheds, que ultiman un informe conjunto que verá la luz brevemente, según explican fuentes del sector a elEconomista.es.

El objetivo es poner luz y taquígrafos sobre las potenciales mejoras en las fórmulas de contratación pública que se establecen para adjudicar las líneas a unos operadores y no a otros. La gran mayoría de los pliegos nacionales y autonómicos dan mucho peso en sus criterios de elegibilidad únicamente a dos factores: los trayectos recorridos y el precio de la tarifa. Estos dos puntos de valoración inclinan la balanza en muchas ocasiones hacia empresas de autobuses más pequeñas, en detrimento de los grandes grupos, insisten las mismas voces consultadas.

Las grandes compañías, sin embargo, pretenden que se introduzcan criterios como la sostenibilidad, sobre todo desde que se están llevando a cabo grandes inversiones en renovación de flotas. Alsa, por ejemplo, se ha comprometido públicamente a adquirir únicamente autobuses cero emisiones en sus flotas urbanas a partir del 2030, mientras que Avanza ha reducido durante 2021 (último año con cifras disponibles) un 14,33% la intensidad de emisiones (tCO2eq/millón de viajeros) respecto al año anterior.

KPMG y Eversheds son socios habituales de Confebus y de las empresas del sector. La big four publicó en 2021 un primer informe sobre el transporte regular de viajeros en el que, entre otras cosas, recogía el impacto del coronavirus en el empleo de las compañías durante los dos primeros años de crisis sanitarias, y en 2019 contrató sus servicios para analizar qué impacto tendría en el mercado la entrada de competencia a través de nuevos operadores, como la hispano-italiana Iryo o la francesa Ouigo, en el transporte ferroviario de alta velocidad.

Eversheds, por su parte, ha participado en distintas mesas redondas y foros para abordar los retos jurídicos en materia de contratación pública. A través de su socio Alberto Dorrego, el despacho ha puesto de manifiesto que el sudoku administrativo enmaraña actualmente el sector del transporte en autobús y ha planteado alternativas para rediseñar los procesos de licitación y suscitar así una fuerte concurrencia.

La elaboración de este estudio y su publicación coincide con la reactivación del debate del modelo concesional en España desde un punto de vista integral. La razón es que el Ministerio de Transporte ha abierto hasta el próximo mes de febrero una manifestación de interés para recibir comentarios y observaciones sobre el modelo actual, con el objetivo de "explorar las posibles medidas que mejoren el sistema de transporte interurbano de competencia estatal mediante una posible apertura a la concurrencia en el mercado".

La patronal de los operadores tradicionales es partidaria de rediseñar el mapa con, entre otras medidas, la simplificación del número de rutas, mientras que otros operadores como Flixbus, una plataforma alemana, es partidaria de liberalizar el mercado en España, donde, a diferencia de la mayoría de países de Europa, como Alemania, Francia e Italia, todas las líneas están consideradas todavía obligaciones de servicio público (OSP).

Flixbus actualmente limita su operativa a las rutas internacionales con llegada y destino España, sin la posibilidad de poder subir y bajar pasajeros (cabotaje, en el argot del sector) dentro del país. Su tesis patronal está secundada por otros organismos como la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), al menos por lo que se refiere a las rutas que estén separadas por más de 100 kilómetros. El regulador del mercado lleva varios años pronosticando en sus informes que la llegada de competencia se traduciría en un crecimiento del número de pasajeros y una caída de los precios.

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