"Dios colocó un gigantesco tesoro bajo nuestros pies". Así se refería el máximo mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, al reciente yacimiento de oro descubierto en el pequeño país centroamericano. Una cantera sin explotar que podría contener cerca de 50 millones de onzas, que serían el equivalente a 131,5 millones de dólares.
Sin embargo, la ironía quiso que ese nuevo descubrimiento se hiciera en el primer país que prohibió por ley la explotación minera. Una decisión votada en 2017 con 69 votos a favor de los parlamentarios salvadoreños y ninguno en contra (ni abstención) y que convirtió al El Salvador en un país pionero en búsqueda de nuevos modelos sostenibles de explotación minera, tal y como ya practican otros como Noruega, quien prioriza la revitalización de sus ríos, lagos, bosques y entorno natural.
Del 'no al 'sí'
No obstante, desde el primer momento, Bukele anunció la intención del Gobierno de derogar esta ley "absurda" para permitir la explotación aurífera por completo, y así ha sido. El pasado 23 de diciembre, y como regalo de año nuevo, el Congreso aprobó la Ley General de Minería Metálica por la cual vuelve a estar permitida la actividad del sector.
"Si hacemos una explotación responsable de nuestros recursos naturales, podemos cambiar la economía de El Salvador de la noche a la mañana".
La nueva medida, que contiene 35 artículos, fue aprobada con los votos de 57 diputados de 60 en el Congreso y deja sin efecto la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en marzo de 2017.
En sus artículos, establece que será el Estado "el único autorizado para explotar, atraer y procesar" dichas riquezas, pero que podrá hacerlo a través de "instituciones específicamente creadas" para ello o de "sociedades en las que tenga participación accionaria".
Sin embargo, algunas divisiones de la sociedad salvadoreña ya están pidiendo la derogación de la nueva ley. El aval de la normativa, propuesta por el Gobierno de Bukele, se ha aprobado pese al rechazo de ambientalistas, organizaciones comunitarias, la iglesia católica y universidades por el impacto que supondría esta práctica en el deteriorado medioambiente salvadoreño
Efectos contra la salud
De un lado los sacerdotes católicos de El Salvador pidieron el veto tras considerar que "la preocupación principal de los sacerdotes de la Coopesa es el impacto que la extracción minera tendrá sobre el agua y todo tipo de vida animal y vegetal".
"Con el Papa Francisco consideramos que 'el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos'", apuntaron.
También llamaron "a los pastores evangélicos, líderes religiosos, fieles en general y personas de buen corazón, a que defiendan la vida buscando con creatividad formas de organización, concientización y resistencia" y "que se pronuncien enérgicamente para que el presidente de la República vete dicha Ley".
"Los diputados católicos no deben renunciar a su identidad cristiana y pueden aplicar, como lo hizo monseñor Romero, la objeción de conciencia ante una ley que atente contra sus principios", sostuvieron los religiosos, y agregaron que "el desarrollo económico es importante para nuestra sociedad, pero no a costa de la salud y de la vida de los ciudadanos".
