Galicia
La Asociación Eólica de Galicia (EGA) espera que el Tribunal Supremo se pronuncie a final de este año sobre el asunto que ha llevado a la anulación y suspensión cautelar de parques en la comunidad gallega.
Desde la entidad, el presidente de la patronal, Manel Pazos, ha criticado la "inquina" que lleva a los mismos grupos a interponer las mismas alegaciones a diferentes proyectos que ya casi veían la luz.
La asociación ve "bastante sorprendente" lo que ocurre desde hace meses, después de 25 años de tramitaciones, y señala que "lo que da inseguridad es la interpretación de una norma comunitaria" que se hace ahora, sobre los tiempos de exposición pública y los informes correspondientes.
Al respecto, Pazos criticó que "lo que se está haciendo en Galicia no se hace en el resto del Estado", por lo que EGA espera el pronunciamiento en relación con el recurso interpuesto tanto por la asociación como por la Xunta contra la anulación del acuerdo del Consello que aprobó la repotenciación del parque de Corme, impulsado por EDP.
Pazos ve dos cuestiones que pueden ayudar a los promotores eólicos, el primero este pronunciamiento del Supremo y el segundo la nueva normativa comunitaria que declara de interés general especial o urgente sobre el interés muchas veces medioambiental las iniciativas del sector.
En este sentido, augura una temporada de trasposición y finalmente confía en lograr seguridad jurídica frente a todas estas alegaciones que van sobre periodos de exposición pública, temas de fragmentación o cuestiones medioambientales que puedan tener en duda.
Sociedad mixta
Por otra parte, el presidente de la patronal eólica gallega duda y se muestra "bastante escéptico" sobre que la sociedad público-privada que impulsa la Xunta en el sector funcione bien.
"Mi experiencia, salvo Sotavento, con los parques eólicos municipales no fueron adelante", ha advertido, y ha apuntado a la capacidad de deuda de la administración pública como uno de los elementos a tener en cuenta, así como las infraestructuras.
En su opinión, para salvar el rechazo social, sería preferible "atar más a las empresas" con más impuestos, por ejemplo, más actividades sociales o culturales.
Estudio Deloitte
La Asociación Eólica de Galicia ha presentado este martes un estudio de impacto económico y social del sector eólico en Galicia realizado por Deloitte Consulting.
Del informe se desprende que, en la actualidad se encuentran autorizados 2.687,6 MW. De ellos, 122 proyectos por parte del gobierno gallego y otros 298 MW cuentan con declaración ambiental pero siguen sin autorización. Gobierno central, pero pendientes de puesta en marcha, 3.381 MW. Mientras, el Estado tiene autorizados unos 600 MW.
Sin embargo, la instalación de potencia eólica se encuentra de nuevo paralizada, según denuncia la patronal, que avisa de que en los últimos cinco años se han instalado únicamente 510 MW y en 2022 solo 28 MW.
Los motivos que señala son la moratoria, los retrasos en los procesos de tramitación, la judicialización y la aparición de un rechazo social poco racional.
Industria
En este escenario, el estudio destaca que hay 32 proyectos industriales relevantes para "ser el motor de la economía gallega en la próxima década", en los ámbitos de fabricación de biocarburantes, hidrógeno y amoníaco, aprovechamiento de residuos, químico y farmacéutico, alimentación, manufacturera y logístico.
Suponen una inversión total de 6.328 millones y prevén generar 7.018 empleos directos al año en la fase de explotación. Además, exigirán un suministro de electricidad de 8 TWh al año.
El estudio especifica que estas industrias necesitan para su funcionamiento nueva energía renovable a un precio competitivo y sostenible a largo plazo, al que contemplan los contratos PPA, algunos ya firmados, que deja a un lado la energía que necesitará Alcoa a partir del año que viene.
Se constata así que hay empresas necesitadas de esos acuerdos de compraventa de energía a largo plazo (los denominados 'PPA') y ve necesario que se desatasque este proceso pero al no saber cuándo se puede empezar a producir o instalar el proyecto no se acaba de cerrar debido a la incertidumbre por la escalada de precios.
