Galicia
La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) advirtió en un comunicado de las "pérdidas millonarias y del perjuicio" que aseguran supone la "desautorización judicial" de informes ambientales de parques eólicos no solo para las empresas del sector energético, sino para todo el conjunto del sector industrial gallego.
Las repercusiones empresariales, afirman, son significativas. Varios proyectos eólicos han sido objeto de denuncias y recursos legales, lo que ha implicado costes económicos y ha generado incertidumbre e inseguridad jurídica para las empresas involucradas y para todo el tejido industrial de la comunidad
En esta línea, el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, precisa que hay que tener en cuenta que las empresas promotoras han participado en una carrera contrarreloj para obtener una declaración de impacto ambiental favorable para aquellas instalaciones para las que ya contaban con permisos de conexión a la red.
La Patronal insiste en que son inversiones millonarias rodeadas ahora de una gran incertidumbre e inseguridad jurídica para llevar a cabo la gran apuesta de Galicia por la transición energética.
En este sentido, aseguran que se está poniendo en peligro la viabilidad de empresas y proyectos industriales que habían suscrito contratos PPA con los promotores de muchos de estos parques y cuya competitividad queda ahora comprometida si no se ejecutan los proyectos.
Asimismo, critica que, "de modo sistemático", numerosos proyectos que han sido sometidos durante meses e incluso años a rigurosos procedimientos de evaluación de impacto ambiental, sean suspendidos o rechazados, cuando dicho sistema aplicado con rigor, ya ha dejado sin Declaración de Impacto Ambiental favorable a muchos proyectos en sede administrativa.
Preocupación máxima
Por esta razón, los empresarios ven preciso valorar el alcance de esta paralización, ya que, en su opinión, no sólo afectará aisladamente a los proyectos objeto de instalación, sino que tendrá graves implicaciones para otros proyectos nuevos y tractores de la economía como los de hidrógeno y de amoníaco o fabriles ya anunciados.
Juan Manuel Vieites habla de preocupación máxima de todos los empresarios gallegos ante la judicialización de un sector clave, lo cual genera nefastas consecuencias en la actividad económica.
Sobre este tema se ha manifestado la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia Galicia, que ha salido al paso de las críticas contra resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y ha defendido la independencia judicial y la dignidad de todos sus miembros.
En un comunicado, valora que las críticas a las resoluciones judiciales son "legítimas", pero cree que no es eso lo que sucedió en este caso. Al respecto, explican que las manifestaciones realizadas dibujaron un escenario falso y, sin querer o poder cuestionar los motivos de las resoluciones, optaron por el ataque personal a un órgano judicial entero a través del ataque a un magistrado de los que conforman sala.
TSXG
El alto tribunal gallego, a su vez, ha defendido que ante la publicación de noticias que cuestionan la actuación de jueces y juezas de la comunidad se ve "en la obligación" de recordar que la independencia judicial es uno de los pilares del Estado de Derecho y de la democracia.
Por lo tanto, afirma el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, "su respeto por parte de las administraciones públicas y la ciudadanía es esencial para el normal funcionamiento de las instituciones", expone.
Cabe recordar que la empresa Greenalia había recusado a uno de los magistrados de la sala, Luis Villares, porque lideró el proyecto político En Marea y mostró "públicamente, en diferentes ocasiones, su oposición a la instalación de proyectos eólicos y a las normas aprobadas por la Xunta para la regulación del sector", pero esta posible incompatibilidad para juzgar el recurso fue rechazada.
