El objetivo del autoritario jefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan, es instaurar un sistema presidencial. Ha creado para consolidar su poder personal un ambiente nacionalista. Un escenario en que le resultaría más fácil ganar un referéndum que aprobara una enmienda constitucional en ese sentido.
El ataque contra la libertad de expresión es incesante. A las prohibiciones que limitan el derecho de protesta, sumó la purga de la burocracia del sector público y el discurso único emitido por su partido de la Justicia y Desarrollo, AKP. Se ha deshecho de quien pueda hacerle sombra: el ex primer ministro Ahmet Davutoglu, culpable de no ser un manso ejecutor de su política y mostrar una mínima independencia. El sucesor: Binali Yildirim, fiel colaborador y hombre de la máxima confianza de Erdogan.
Erdogan amenaza a la Unión Europea con que el parlamento no ratificará el acuerdo, negociado en Bruselas en abril, que prevé deportar a Turquía a inmigrantes llegados a cinco islas griegas, a cambio de enviar a la UE un número equivalente de refugiados sirios. Habla de suspensión, incluso ruptura. ¿Se lo puede permitir? Al menos, eso es lo que cree.
Ciertamente, Ankara y Bruselas se necesitan y dependen el uno del otro en lo que se refiere a la crisis migratoria. Sin embargo, la UE no tiene por qué tolerar los desaires de Erdogan, que sigue ordenando la detención de periodistas y el levantamiento de la inmunidad de los diputados kurdos para poder enviarlos a prisión.
Si se aferra a los acuerdos porque cree no tener alternativa, tampoco Turquía la tiene. El chantaje de Erdogan de romper el pacto si no obtiene la libertad de visado para sus ciudadanos es hueco. El mandatario sabe que el retroceso en las cifras de migrantes que recibe la Unión se debe más al cierre de la ruta de los Balcanes que a la devolución convenida.
Los 6.000 millones, en jaque
¿Qué pasaría si de verdad suspendiera el acuerdo que se ha convertido en un arma cruel y cínica? Formulado de una manera fría y descarnada: Europa erigiría nuevas barreras disuasorias. Y, en último término, Turquía se quedaría sola con sus 2,5 millones de refugiados. Y lo peor para su debilitada economía: no recibiría los 6.000 millones de euros prometidos por la UE.
En cuanto a la libertad de visado, el Parlamento Europeo decidió este mes no dar luz verde al pacto si no se cumplían los 72 criterios acordados en 2013. Los ciudadanos turcos recuerdan bien que fue el propio Erdogan quien firmó esas condiciones. Entre ellas una que Ankara se niega ahora a reconocer: la reforma de la ley antiterrorista. Erdogan ha anunciado que bajo las circunstancias actuales de intensificación de la lucha contra la guerrilla kurda del PKK, no puede modificar la ley. Acusa a la UE de aplicar un doble rasero: ?Turquía no está pidiendo favores. Queremos honradez?. Es sabido que esa ley es un instrumento fundamental para acabar con la oposición.
La Comisión Europea ha solicitado a Turquía que su legislación antiterrorista sea reformada para ponerla en línea con los principios del Tribunal Europeo de Derechos. Y para que se limite su interpretación por tribunales y fuerzas de seguridad turcas. Desde hace años, la acusación de "formar parte de una banda terrorista" se ha utilizado con una frecuencia excesiva en juicios de todo tipo. A menudo fueron perseguidos así activistas por participar en manifestaciones, enarbolar pancartas, entrevistar a miembros de la guerrilla kurda o firmar manifiestos contra la intervención militar en el sureste del país.
Bruselas se mantiene firme. Si bien continúa el "diálogo" sobre esta cuestión, insiste en que deben cumplirse todos los puntos. Parece haberse descartado la posibilidad de que los turcos puedan entrar sin visado a partir de julio sin esa reforma de la legislación antiterrorista. Y la UE sigue dispuesta a cumplir sus compromisos, incluida su oferta de establecer contingentes voluntarios para la acogida de refugiados desde Turquía.
