La Comisión Europea ha decidido apoyar a la Comisión Nacional de Competencia en su cruzada contra las aseguradoras por los seguros de los edificios durante el boom inmobiliario y que se saldó con la mayor multa impuesta por el organismo con 120 millones de euros a un total de seis compañías (Asefa, Mapfre, Caser, Scor, Swiss Re y Munich Re).
Fuentes cercanas al proceso explicaron a elEconomista que la institución que preside José Manuel Durao Barroso ha decidido personarse como amicus curiae en los recursos de casación planteados por Competencia ante el Tribunal Supremo contra varias sentencias de la Audiencia Nacional que anulan la mencionada multa histórica que fue impuesta en 2009.
En este sentido, las mismas fuentes apuntan que la Comisión Europea ha considerado que las sentencias de la Audiencia se contradicen con distintos precedentes de los tribunales comunitarios en prácticas restrictivas y con la normativa comunitaria relativa a los seguros. Los servicios jurídicos presentarán en los próximos días un escrito de alegaciones para defender su postura.
El movimiento de la Comisión Europea supone una iniciativa muy excepcional, ya que sólo interviene en los procesos judiciales cuando considera que existe un quebrantamiento grave en la interpretación del Derecho Comunitario.
En concreto, es la primera vez que la Dirección General de Competencia de la UE interviene como amicus curiae en España en un proceso de estas características (sí había intervenido anteriormente a petición de Competencia o de tribunales españoles en el marco de acciones privadas, fundamentalmente de contratos de distribución de carburantes).
En consecuencia, apenas hay publicadas 10 intervenciones de este tipo en toda la Unión Europea desde su introducción en 2003, ya que la Comisión Europea suele mantenerse al margen en los sistemas judiciales y las sentencias de los países miembros.
Competencia sancionó a estas compañías al entender que habían pactado los precios de los seguros estructurales de los edificios entre 2002 y 2007.
Según Competencia, "existe evidencia de que determinados miembros de cartel realizaron actos de retorsión" y de "boicot frente a esas empresas que se mostraban dispuestas a sustraerse a la disciplina del cartel de precios mínimos, llegando incluso a conseguir romper operaciones comerciales cerradas".
Esta operativa fue considerada como infracción muy grave por su larga duración y porque, a su juicio, afectó a todo el mercado de un producto que es de contratación obligatoria para los promotores de viviendas.
En opinión del organismo, los promotores trasladaron el incremento del coste del seguro al precio final de la vivienda.
¿Cuánto cuesta el fraude a las aseguradoras?
