Pymes y Emprendedores

El Gobierno prepara un plan para la reconversión del pequeño comercio

8:20 - 8/04/2009

El comercio minorista es uno de los sectores que está sufriendo más directamente las consecuencias negativas de la crisis económica. Los últimos datos del Registro Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) confirman que en el primer trimestre de este año se han producido 8.910 bajas netas en el sector del comercio, cifra que se suma a los 19.873 que se vieron obligados a dejar la actividad durante el año 2008.

Las estadísticas del RETA muestran cómo el 90% de las bajas por cese del negocio entre los trabajadores autónomos se concentran en sólo tres sectores productivos: la construcción (fundamentalmente en la actividad inmobiliaria), el comercio y el transporte.

Los casi 30.000 comercios de titularidad personal o familiar que han cerrado durante los últimos seis meses representan "la peor cara de la crisis". Son palabras de Sebastián Reyna, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y uno de los impulsores del plan de reconversión y ayudas al pequeño comercio familiar, que está estudiando el ministerio de Trabajo y Seguridad Social con las asociaciones de los trabajadores por cuenta propia.

Se trata de un "plan específico de apoyo que tenemos que ver también con el Ministerio de Industria, que es el competente en el área de comercio interior", asegura Juan José Barrera, director general del trabajo autónomo en el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Un programa de medidas urgentes que tienen como objetivo prioritario paralizar la pérdida de actividad en este sector, y que se reparten en tres grandes áreas: medidas fiscales y de Seguridad Social, ayudas por abandono o relevo de la actividad, y proyectos de adaptación tecnológica.

Crédito fiscal o pago aplazado

Esta es una de las propuestas relevantes que se están estudiando en el ámbito de la fiscalidad. A la medida podrán acogerse todos los comercios cuya titularidad corresponda a una persona física o sociedades que no tengan más de dos trabajadores y 500 metros de superficie comercial, siempre que no formen parte de una cadena o grupo comercial.

Este aplazamiento, de aprobarse en los términos de la propuesta presentada por UPTA, afectaría a los pagos derivados del IRPF, por estimación objetiva o directa o simplificada, así como en el Impuesto de Sociedades y al Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI).

Moratoria extraordinaria

En el marco de la Seguridad Social, cuyos pagos suponen otro de los lastres que están afectando a la liquidez de los autónomos y de las pymes, se está estudiando que todos los titulares personales de comercio puedan acogerse a una moratoria extraordinaria del pago del 50% de la cuota a la Seguridad Social durante un periodo de 24 meses.

Las cantidades demoradas deberán hacerse efectivas a partir del segundo año de la aplicación de la medida, durante un período también de dos años.

Apoyos a la jubilación

Para paliar el exceso de oferta del pequeño comercio, una de las medidas que están sobre la mesa son los apoyos a la jubilación, al abandono o al relevo en la actividad, entre las que resaltan las prestaciones de la Seguridad Social.

En este punto, y tanto para el cese de la actividad a partir de 55 años como para casos de incapacidad laboral, se propone un pago único de 20.000 euros en el momento del cese y una prestación semestral de 6.000 euros hasta los 65 años. Se mantiene por convenio la cotización a la Seguridad Social y el local deberá ser puesto a disposición prioritaria de una agencia de alquiler público.

Relevo generacional

Para los casos de relevo generacional, y siempre que el comercio se mantenga dentro de la unidad familiar, se propone mantener la licencia concedida con anterioridad durante los cinco primeros años del relevo, o la adaptación automática de la licencia en casos de cambio de actividad.

Subvenciones

También está en estudio el establecimiento de una línea específica de subvenciones financieras, con tipo de interés final de euribor, un importe medio de 50.000 euros y un período de devolución de 60 meses. Esta subvención del tipo de interés se dedicaría a la reconversión del producto o a la adecuación del local a la normativa vigente.

Estos créditos, de aprobarse finalmente el texto del proyecto, tendrían prioridad de aval en las Sociedades de Garantías Recíprocas.