En ningún caso antes de las elecciones. Los diez nuevos juzgados que el Gobierno va a poner en marcha para tratar de agilizar los desahucios no estarán listos hasta después de los comicios del 9 de marzo. El Gobierno aún tiene que aprobar el decreto definitivo para su creación, lo que se hará en alguno de los Consejos de Ministros del mes de febrero.
Sin embargo, en la vida todo tiene su trámite, y en materia judicial no iba a ser menos. Desde que el BOE publica el decreto hasta que el juez ocupa cada nuevo órgano transcurren, como poco, un par de meses, con lo que, en el mejor de los casos, hasta abril no serán una realidad.
Juzgados polémicos
Además, estos juzgados nacen con polémica, después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recordara al Gobierno que no es quién para decidir en qué se especializa un juzgado de lo civil como son éstos.
El Ejecutivo recibirá el informe del CGPJ sobre estos nuevos órganos judiciales, según indicó a elEconomista una fuente del Ministerio de Justicia. Será un informe crítico, ya que el órgano de gobierno de los jueces señala que ni la complejidad técnica ni organizativa de los procesos sobre desahucios justifican una especialización como la que pretendía el Gobierno.
Declaraciones del Ejecutivo
Después del rapapolvo del CGPJ, el Ministerio de Justicia salió ayer al paso y reconoció que será la Junta de Jueces de los partidos judiciales afectados (Madrid, Málaga, Valencia, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria) la que decida el cometido de estos diez juzgados de lo Civil.
El Gobierno reconoce así que no tiene facultad para decidir a qué se dedica un juzgado, después de llevar varios meses hablando continuamente de que se dedicarían a desahucios. Justicia indicó, no obstante, que la sola existencia de estos juzgados permitirá agilizar procesos de todo tipo, entre ellos los relacionados con los alquileres.
El Gobierno "no promueve la creación de juzgados de desahucio o de arrendamientos. El Ministerio de Justicia lo que promueve es la creación de diez Juzgados de Primera Instancia que, aun cuando la Junta de Jueces decida no aprobar un reparto especial de los asuntos, favorecerán la agilización de los procedimientos arrendaticios, al descongestionar la carga de trabajo de los juzgados ". Y si esto dice el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo, en el Ministerio de Vivienda guardan silencio. La creación de los juzgados la anunció Carme Chacón, pero ahora que vienen los problemas se remiten al departamento de Justicia.
En este caso, y en contra de lo que ha sucedido en otros asuntos en la legislatura, el Gobierno no ha contado ni siquiera con el apoyo de Jueces para la Democracia, la asociación de carácter progresista de cuya Portavocía se ocupó años atrás el hoy ministro de Defensa, José Antonio Alonso.
El hoy portavoz de Jueces para la Democracia, Jaime Tapia, sostiene que no hay ninguna necesidad de que existan juzgados específicos en materia de desahucios. Sí los ve convenientes para aspectos como la violencia contra la mujer, asuntos de menores o familia. Además, duda, como el CGPJ, de la capacidad del Gobierno para elegir la materia a la que se dedica un juzgado. Para ello, explicó Tapia, se debería reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial o la de Planta Judicial. En opinión de Jueces para la Democracia, la solución a la tardanza actual en los desahucios pasa por "dotar de más medios" a los actuales juzgados y por "aplicar la legislación vigente".
Lo que no es normal es que haya ciudades en las que un proceso de esta naturaleza se resuelva en apenas tres o cuatro meses, mientras que en otras se prolonga más de un año, cuando la complejidad de estos asuntos es nula y las decisiones se pueden tomar en minutos.