Los bonos verdes pisan el acelerador en España. Hasta la primera quincena de junio, las empresas y organismos públicos del país habían captado ya 6.766 millones de euros con este tipo de deuda en 2019, es decir, más de lo que obtuvieron por la misma vía en todo 2018. La cifra no para de crecer.
Es cierto que, en comparación con la deuda total emitida, el porcentaje aún es bajo. Si nos fijamos en las emisiones corporativas en euros en España -excluidos organismos oficiales y bancos-, entre enero y mayo de 2019 se emitieron bonos verdes por 1.799 millones de euros, lo que representa solo un 17% de la cifra total de emisiones en euros de empresas del país, según los datos de Bloomberg. Tal y como señalan desde Fidelity International, "el mercado de bonos verdes sigue siendo pequeño, y su falta de homogeneidad y rentabilidades poco competitivas" pueden desincentivar a los inversores.
La gran empresa emisora de este tipo de deuda, no ya en España sino a nivel mundial, es Iberdrola. Según explica su director de Tesorería, Jesús Martínez, de la cartera de deuda de la eléctrica, de 35.000 millones de euros, 11.000 millones -el 31%- son préstamos verdes.
"Si el resto de compañías igualasen ese 30%, el volumen actual crecería exponencialmente", señala Ignacio Perea, director de inversiones de Tressis. Es cierto que, al menos por ahora, actividades como las renovables tienen más fácil, por su naturaleza, encontrar proyectos que encajen en esta catalogación, pero cada vez más industrias emiten este tipo de deuda. Lo explica Julián Romero, presidente del Observatorio Español de la Financiación Sostenible: "Ya hemos visto cómo sectores como el del transporte se prestan a realizar grandes inversiones que se consideran positivas para el medio ambiente, y las posibilidades son enormes en el real estate".
¿Qué es un bono verde? Se denomina así a aquel bono en el que la financiación captada se emplea en un proyecto que genera beneficios medioambientales. Por poner un ejemplo, en febrero, Iberdrola captó unos 800 millones para financiar varios parques eólicos marinos -que generarán energía sin emisiones contaminantes-. Más allá de los proyectos que combaten el cambio climático, en ocasiones el paraguas de verde sirve para aglutinar a otras dos tipologías de bonos: los sociales -habituales entre los organismos públicos y destinados a la sanidad, servicios sociales, empleo...- y los sostenibles, que vienen a ser una mezcla de los dos anteriores.
"La belleza de los bonos verdes reside en que califican el proyecto que hay detrás, eso es lo que les da su especificidad y transparencia características", reflexiona Julián Romero. "De ahí que sea posible que algunas empresas cuyo negocio no es verde realicen inversiones de este tipo, en ocasiones porque están realizando la transición a una actividad baja en carbono", añade. Por ejemplo, Repsol -compañía cuyo negocio no encaja en esa filosofía ecológica- captó, hace más de un año, 500 millones para proyectos con los que esperaba reducir sus emisiones de CO2.
El certificador no es obligatorio
¿Quién decide si un bono es verde? A día de hoy, para las compañías no es obligatorio que un certificador externo acredite que el proyecto financiado reúne las condiciones para ser considerado verde -o social, sostenible- pero, en un 90% de los casos, recurren a uno. En cualquier caso, pronto dejará de ser algo opcional en la UE, el mercado aventajado en esta cuestión: la Comisión Europea está elaborando una normativa que incluye los activos ISR (de inversión socialmente responsable) que, entre otras cosas, obligará a que las operaciones de bonos verdes cuenten con un verificador. "Y quizá lo más importante es que ese verificador estará acreditado por la UE, habrá pasado unos filtros de calidad", explica Romero.
Este nuevo escenario amplía el negocio para las agencias de rating, que en muchos casos están optando por comprar empresas especializadas en medir la sostenibilidad: este año Moody's ha adquirido una parte de Vigeo Eiris -calificador de los bonos verdes de Iberdrola-, y Morningstar es propietario del 40% de Sustainalytics, uno de los líderes en análisis de responsabilidad social corporativa -verificó, por ejemplo, la emisión del ICO del pasado abril-.
El porcentaje de inversores que se queda a vencimiento es elevado, de ahí que sean más estables en épocas convulsas
A la espera de esa regulación, que debería ver la luz en 2020, las empresas emiten esta deuda conforme a los Green Bond Principles, unas directrices desarrolladas en el marco de la International Capital Market Association (ICMA). "Son directrices, no normas; es autorregulación", matiza Ricardo Pedraz, analista de Analistas Financieros Internacionales (Afi). Existe otro estándar, creado por Climate Bonds Initiative, la organización de referencia, cuyo uso es minoritario. Es más exigente; de hecho, no aceptó como verde el bono de Repsol antes citado por tratarse de un proyecto dirigido a la eficiencia energética, pero en refinerías -cuando compañías como Naturgy o ACS han emitido estos bonos los han ligado a renovables-.
Siendo los emisores los que pagan al calificador, ¿no existe un conflicto de intereses? Pedraz no lo cree. "Puede surgir [ese conflicto], pero ahí está la autoexigencia de los inversores con un vínculo más fuerte con la sostenibilidad, que seguro querrán ver ese informe [el que elabora la empresa calificadora]". La nueva norma ¿alejará las posibilidades de ese posible conflicto? Poco, ya que las compañías emisoras seguirán pagando a los verificadores; la diferencia es que la calidad del análisis de éstos estará acreditada.
Algo menos rentables
¿Qué rentabilidad obtiene el inversor en bonos verdes? Si comparamos dos cestas de bonos globales en euros, observamos que la expectativa es algo peor para los verdes que para los convencionales. Estos últimos, si nos fijamos en el Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return (índice representativo de una cesta de bonos corporativos globales grado de inversión), tienen un rendimiento proyectado de un 0,55%. Una cesta similar de bonos verdes (recogida en el Bloomberg Barclays Euro Green Bond Corporate, también en euros y también total return) ofrece un 0,46%.
Por precio lo hacen igual ambos activos: tanto los bonos verdes como sus rivales suben un 5,3% en lo que llevamos de año. Pero, según explican los expertos, el porcentaje de inversores que aguantan hasta vencimiento es mayor que en otros activos. "El comportamiento de estos bonos en el secundario es más estable que el del resto de productos de renta fija", señala Alicia Arriero, directora de Andbank Wealth Management: "La idea es más de mantenerlos, el inversor es mucho más estable", añade.
La demanda de estos activos, que aún no se dirigen al minorista, supera con mucho a la oferta
En el actual momento de efervescencia de este tipo de deuda estamos asistiendo a mejores comportamientos en el precio, lo que en otros activos podría generar ventas, pero la aún escasa oferta motiva que, en muchos casos, el inversor los mantenga en cartera debido a las pocas alternativas, explica Julián Romero, que añade que, "en momentos de turbulencias, resisten mucho mejor". Por otro lado, el perfil del inversor (que es solo institucional) también tiene que ver: "La base inversora institucional limita la volatilidad de este activo ya que es más difícil que se produzcan shocks en los precios de los bonos por huida de inversores", explica Irene López, senior sales en DWS Iberia y especialista en ISR.
El enorme atractivo de este activo está fuera de dudas; según Arriero, en el mercado primario, las peticiones rondan las 6 o 7 veces lo emitido. Carmen Borondo, gestora de renta fija de la gama Santander Sostenible, corrobora que la demanda sobrepasa a la de los bonos convencionales y añade que "el interés de los inversores a largo plazo, como fondos de inversión, aseguradoras o planes de pensiones, es superior".
¿Para cuándo una cartelería de bonos verdes para minoristas? "Será fundamental la regulación de la UE", explica Ignacio Perea, ya que arrojará luz al permitir al inversor "saber con certeza qué activos son verdes y cuáles no", algo que ahora puede resultarle más complejo. Romero añade que "uno de los grupos de trabajo de la Comisión está centrado en que, a futuro, se obligue a todo aquel que vende fondos en Europa realice un test de idoneidad a su inversor y le plantee la pregunta de si quiere o no un fondo sostenible; esto supondrá un cambio contundente. Si además, según parece, la rentabilidad no es inferior a la de otro tipo de bonos, eso será un gran incentivo para que el inversor opte por los bonos verdes". Cuánto cuesta emitirlos Volviendo al emisor español de referencia, más allá de los bonos Iberdrola cuenta con líneas de crédito (con el ICO o el BEI) por 15.000 millones, de los que 10.000 corresponden a créditos sostenibles. Para la eléctrica, un préstamo verde es 10 puntos básicos más barato que uno que no lo es. En lo relativo a los bonos, según Jesús Martínez, "no es tan fácil apreciar, en puntos básicos, si un bono te cuesta más o menos por ser verde", pero "lo que sí sabemos es que tenemos ese cerca del 30% de bonistas verdes que nos han permitido sacar adelante operaciones en las que la demanda de otros inversores no era tan elevada".
Está por ver qué papel desempeñará España dentro de la UE, un mercado en el que el volumen de emisiones se estima en 180.000 millones de euros anuales hasta 2030. Por ahora -y a la espera de que el Tesoro lance su primera emisión verde, algo que podría ocurrir este mismo año y que pondría al país en el foco-, España fue en 2018 el sexto emisor de bonos verdes de la UE según los datos de la Climate Bonds Initiative, un mercado que lidera Francia.
