El actual modelo de pensiones, basado en un sistema de reparto, en el que los trabajadores en activo financian, a través de sus cotizaciones a la Seguridad Social (SS), las pensiones que reciben las personas jubiladas... está roto. Incluso con el actual sistema de revisión, con una revalorización mínima de las pensiones aprobada por el Gobierno de Rajoy del 0,25 por ciento, muy por debajo de la inflación que nos ha acompañado a lo largo de la Historia, en 2038 los ingresos por cotizaciones serán insuficientes para cubrir el gasto en pensiones por jubilación.
Para ese año (que será cuando se estén retirando los jóvenes que tienen ahora unos 40 años), tendremos más 8,5 millones de ciudadanos con derecho a recibir un subsidio tras habérselo 'ganado' arrimando el hombro a lo largo de su vida laboral. Y los 24,5 millones en edad de trabajar (por encima de los 16 años) que habrá entonces, incluso considerando que el desempleo cayera hasta algo más del 6 por ciento de la población activa, no van a poder pagárselo, sin un ajuste más fuerte de las cotizaciones que el de las pensiones.
Ante esta tesitura, se torna más necesario que nunca que los políticos actuales recuperen la altura de miras que adquirieron antecesores como Adolfo Suárez, Calvo-Sotelo, Santiago Carrillo o Tierno Galván en 1977, año en el que firmaron los Pactos de la Moncloa, en los que -con independencia de su ideología política- aunaron sus fuerzas para alcanzar acuerdos trascendentales para mejorar la situación de España. Es necesario que, igual que se hizo en 1995, las fuerzas políticas actuales convoquen de nuevo los Pactos de Toledo, creados para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones -ver apoyo página 7-, y efectúen verdaderas reformas que devuelvan la sostenibilidad del hastiado sistema de pensiones español.
Porque España sufre un importante problema demográfico (si la población con más de 64 años ronda los 10,6 millones de personas, romperá la barrera de los 15 millones en 2033 y los 17 millones, en 2041), que todos conocemos, y que deja a la Seguridad Social en una situación compleja; más si en algún momento el Estado se planteara -no se hace ahora- que sean las cotizaciones las que paguen todos los subsidios que ofrece el estado del bienestar, como son el resto de ciudadanos que reciben una prestación y también los parados.
Hoy existen 5,4 millones de personas con derecho a recibir una pensión por jubilación, que implica un gasto para el Estado de 65.400 millones de euros -teniendo en cuenta que la pensión media en España es de 994 euros al mes. Comparándolos con los 102.000 millones que se ingresan por cotizaciones eso nos dejaría limpios apenas 37.300 millones para hacer frente al resto de pensiones y prestaciones por desempleo (en el caso teórico que Inversión a Fondo ha contemplado para ver qué pasaría si los pagos por desempleo se cargaran contra los ingresos que recibe la SS por cotizaciones). Si consideramos que en esas otras prestaciones este año podríamos gastarnos más de 82.000 millones de euros (casi 54.000 van a pagar prestaciones por desempleo), el 'agujero' real de las pensiones y prestaciones económicas que ofrece el estado de bienestar ascendería hasta los 45.000 millones. Es verdad que a largo plazo la cifra se reduciría si se cumplen las expectativas de desempleo optimistas de PWC, pero sería negativa año tras año hasta 2043 por más de 23.000 millones de euros.
Sin cambiar el modelo, es decir asumiendo una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas y que el incremento en las cotizaciones sea revisado al alza de manera similar, los números negativos también se vislumbran para España. En 2038, frente a unos ingresos por cotizaciones de algo más de 106.000 millones de euros, nos encontraríamos con una orden de pago de pensiones de 107.000 millones de euros. Una diferencia de 1.000 millones que ya nunca, teniendo en cuenta las expectativas de natalidad y de población para España del INE, volverá a regresar a ser positiva (véase gráfico).
Un fondo que se agota
Otra de las fuentes de ingresos, además de las cotizaciones de los afiliados a la SS, es el patrimonio que guarda el Fondo de la Reserva de la SS -la hucha usada para atender las necesidades de pago de las pensiones contributivas a las que la SS no puede hacer frente-. Según el último dato disponible, quedan 53.700 millones de euros y suponiendo que el Estado consiga rentabilizar este patrimonio a un ritmo del 4,56 por ciento y consuma aproximadamente 5.000 euros cada año, los fondos se agotarían en un plazo de 15 años, ver apoyo.
Con este marco como telón de fondo, se espera que el Ministerio de Hacienda tenga lista una nueva reforma fiscal en la que se aborde la problemática de las pensiones esta primavera, para que pueda entrar en la Cámara Baja el próximo mes de junio. Sin embargo, las expectativas reales sobre las medidas que en ella se puedan adoptar para solventar la insostenibilidad del sistema de pensiones público español son bajas. Razones no faltan. Si una de las propuestas del comité de expertos en materia fiscal, presidido por el catedrático Manuel Lagares, al que el Gobierno encargó un informe sobre una reforma integral del sistema impositivo español, pasa por extender el beneficio fiscal más allá de los planes de pensiones "a las aportaciones a cuentas bancarias especiales que cumplan con los mismos requisitos de indisponibilidad y asignación que los planes y fondos de pensiones", fuentes cercanas a Hacienda aseguraron a elEconomista que por ahora no contempla crear un modelo en el que el ahorro se travase sin tributar; similar a las cuentas jubilación que existen en Estados Unidos o Reino Unido.
En el primero se estila la cuenta 401(k), un aderezo a la pensión pública que consiste en un plan de pensiones esponsorizado por el empleador de turno donde el trabajador invierte una parte de su salario antes de impuestos, lo que permite reducir la base imponible y por tanto pagar menos tributos, que se invierte después en uno o varios fondos de inversión acordes a los objetivos financieros que se marque el empleado. Mientras que en Reino Unido existe un mecanismo de autoafiliación obligatoria llamado Stakeholder Pension Plan. Desde Inverco explican que "constituye una figura intermedia entre los planes de empresa y los individuales, siendo planes de aportación definida cuyo objetivo es cubrir a aquellos con ingresos entre 10.000 y 20.000 libras anuales. Existe la obligación para todas las empresas con cinco o más empleados que no hayan establecido un plan de pensiones del sistema empleo o que no contribuyan a uno personal, con un mínimo del 3 por ciento del salario, de proveer a la plantilla el acceso a un esquema privado de pensiones. Adicionalmente, si el trabajador no se desafilia contribuye con un 4 por ciento adicional del salario".
Dentro del informe Lagares se encuentran también propuestas que apuestan por revisar el límite de desgravaciones por aportaciones a los planes de pensiones, que a día de hoy se encuentra en los 10.000 euros al considerar que son mucho más generosas de las que se pagan en Estados Unidos -donde el límite de desgravación es de 5.500 dólares anuales-, Alemania (2.100 euros) o Italia (5.200 euros). La rebaja de las cotizaciones que también propone el comité de sabios "debe esperar a una segunda etapa en el cambio fiscal que debe de acometer España", según apuntó el propio Lagares el pasado 19 de marzo.
Propuestas para dotar de sostenibilidad al sistema
Para Santiago García Alonso, responsable de productos de inversión de Citi en España, lo más importante es que el Gobierno escoja un criterio sencillo y que tenga estabilidad en el tiempo. "Lo que se necesita es que el trabajador tenga claro lo que va a cobrar cuando se jubile, para poder establecer un plan alternativo en el caso de que sea necesario. Cuando se cambian los criterios se siembra incertidumbre y es precisamente ésta la que impide planificar el ahorro".
Aunque la población española cada vez se conciencia más de la necesidad de ahorrar a través de planes privados para compensar la pensión pública -de hecho, se espera que el volumen de activos en fondos de pensiones bata el récord de 92.413 millones de euros que se logró el año pasado y alcance los 95.000 millones a cierre del actual-, aún queda un largo camino por delante si se compara con el protagonismo que adquieren en otros países europeos. "La concienciación sobre la necesidad de ahorrar ya está, ahora la edad para empezar a hacerlo se sitúa en los 33 años", apunta Raquel Blázquez Alonso, gestora de carteras de fondos de inversión y sicav de Ibercaja Gestión. El problema, según explica Ana Hernández, de CFA Society, es que es escasa la población que presenta un excedente salarial para poder alimentar un plan de pensiones privados entre los 25 y los 45 años. "Es difícil tener la capacidad para prever y aportar lo que se necesita de cara a la jubilación. Si se parte de esa premisa, una de las alternativas para hacer sostenible el sistema de pensiones actual es incluir un descuento en el sueldo, del 2-3 por ciento, de forma sistemática para que el plan de empresa funcione", explica Antonio Salido, director de marketing de Fidelity.
En cualquier caso, para los expertos, cualquier reforma que se aplique sobre el sistema de pensiones debería estar basada en el principio de equidad y de flexibilidad. "Es fundamental que se respete el principio de equidad. Además, para enseñarle a la población la necesidad de pensar en las pensiones, se debería incluir en su cómputo toda la vida laboral porque refleja todo lo que la persona ha contribuido al sistema", señala Rose Marie Boudeguer, directora del servicio de estudios de Banca March. "La equidad tiene dos matices: la personal y la social. Debería prevalecer la personal, es decir, que la persona reciba de pensión lo que haya contribuido. Pero eso llevaría a España a implantar un sistema de capitalización", señala Ana Hernández, de CFA Society España. "Es por ello que se debería tener en cuenta toda la vida laboral y las desproporciones que se produzcan debido al sistema de reparto deberían cubrirse con los impuestos de todos los contribuyentes, por ser un bien social, y no solo por los que cotizan a la SS", añade. En cuanto a la flexibilidad, desde Fidelity apuntan que se debería flexibilizar la edad de jubilación y "bonificar a quienes deseen alargar su vida laboral y viceversa".
Sin embargo, con independencia de los principios que se utilicen para calcular la pensión, otro de los problemas que existe en el modelo actual es que "la pensión que recibe un tercio de los pensionistas es superior al salario que perciben algunos trabajadores", alerta Enrique Cabanas, Consejero Director General de Espirito Santo Gestión. Según datos de la SS, la pensión por jubilación media es de 994 euros, frente al salario mínimo interprofesional de 743 euros según el Ministerio de Empleo. "La situación conlleva a un choque contra un muro. Y el político a corto plazo no lo quiere solucionar. Lala solución pasará por la aportación individual a un fondo de pensiones", añade.