El destino del ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega quedó ayer en manos de un tribunal de apelaciones estadounidense después de que su abogado, Jon May, alegase que su defendido tiene estatus de "prisionero de guerra" y, por tanto, dispone de protecciones especiales bajo la Convención de Ginebra.
"La convención supera la extradición", señaló May a los jueces, por lo que defendió que Noriega sea repatriado a Panamá inmediatamente después de que complete su sentencia en prisión. Este argumento ya fue rechazado anteriormente por el juez de distrito William Hoeveler, quien en 1992 presidió un juicio contra Noriega por tráfico de drogas, extorsión y crimen organizado y le otorgó el estatus de prisionero de guerra.
En este sentido, el fiscal Sean Cronin reiteró que "no hay nada en la Convención de Ginebra que diga que el traslado debe prohibirse". La decisión de los jueces aún podría tardar meses, pero Mayo ya avanzó que en caso de negativa el caso llegaría al Tribunal Supremo. Si ninguna de las instancias accede a la petición de la defensa, la última palabra recaería en la futura secretaria de Estado, Hillary Clinton.