Izquierda Unida e ICV, formaciones que comparten grupo parlamentario con ERC, quieren reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para elevar el déficit en el que puedan incurrir el conjunto de las Administraciones Públicas al 7% del PIB, frente al 3% actual, si el Ministerio de Economía prevé un crecimiento económico negativo a lo largo del ejercicio siguiente.
Ambas formaciones han registrado conjuntamente una proposición de ley en la que señalan que la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria que realiza en Gobierno en el primer semestre del año deberá ir acompañado de un informe en el que se evalúe la fase del ciclo económico en la que se halla la economía nacional.
Así, si la evolución prevista es negativa, las comunidades autónomas podrán registrar un déficit del 2%, mientras que los entes locales podrán elevarlo al 3% del PIB, un extremo que ERC justifica por la necesidad de tolerar un mayor endeudamientos de los ayuntamientos para afrontar las inversiones previstas.