El Gobierno dará cuenta al Senado cada dos meses de la aplicación y ejecución de las medidas que se aprobarán la próxima semana en el Pleno al amparo del artículo 155 de la Constitución para recuperar la legalidad en Cataluña, con las que se cesará al Ejecutivo autonómico, convocará elecciones en un plazo máximo de seis meses y asumirá el control de los Mossos, la gestión económica y supervisará TV3.
Así lo ha confirmado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en un 'breafing' informativo para explicar el acuerdo del Consejo de Ministros en sesión extraordinaria, en el que no ha querido entrar en futuribles o hipótesis ante la posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, apueste al final por llevar al Parlamento catalán una declaración unilateral de independencia o por convocar elecciones anticipadas en estos días.
Preguntada específicamente si en caso de que se convoquen elecciones se podría suspender o paralizar el acuerdo del Senado, ha indicado que estas medidas ya se han enviado a la Cámara Alta y, por lo tanto, no corresponde al Ejecutivo esa decisión. Y ha reiterado que el Gobierno no va a entrar a valorar lo que puede "hacer o dejar de hacer" Puigdemont sino que ahora es el Senado el que tiene "capacidad para adaptar las medidas" e incluso incorporar esa declaración de independencia si llegara a producirse.