Gobierno y oposición islandeses aprobaron anoche de urgencia varias reformas legales que implican de facto el control estatal de todo el sistema bancario.
Las nuevas medidas, en respuesta a la grave crisis financiera, permitirán al Estado intervenir todos los bancos, obligarlos a fusionarse o a declararse en bancarrota.
"Estamos ante la posibilidad de que toda la economía nacional sea arrastrada a las profundidades de la crisis bancaria global y que la nación se declare en bancarrota", declaró en un discurso televisado el primer ministro conservador, Geir Haarde.
Ayer, el regulador financiero suspendió temporalmente la negociación de los principales bancos del país.
