El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) dictaminará mañana si España vulneró la legislación comunitaria al imponer una serie de condiciones a la fallida opa lanzada por la eléctrica alemana E.ON sobre Endesa. La justicia comunitaria se pronunciará sobre la denuncia interpuesta por la Comisión, que considera que los requisitos impuestos por España violan los principios de libre circulación de capitales y mercancías y el derecho de establecimiento. En contraste, el Gobierno ha alegado que las condiciones son compatibles con la normativa comunitaria y son esenciales para garantizar la seguridad de suministro. Entre las condiciones cuya retirada pedía el Ejecutivo comunitario se encontraban la obligación de que Endesa mantenga su marca durante un periodo de cinco años, la prohibición de venta de activos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla también en cinco años, la exigencia de utilizar carbón nacional, y la obligación para E.ON de no adoptar decisiones estratégicas sobre Endesa y que afecten a la seguridad de suministro contrarias a la legislación española.
