Los fabricantes de automóviles no podrán obligar a los concesionarios a comprarles coches que no hayan solicitado, y ambas partes establecerán un volumen mínimo de compras sobre la base de unas "previsiones razonables" de mercado.
Así se desprende del anteproyecto de Ley de Contratos de Distribución, que el Consejo de Ministros ha comenzado a estudiar y que, según las estimaciones del Gobierno, será aprobado definitivamente tras su trámite parlamentario antes de que termine este año.
En concreto, el texto establece "la imposibilidad de facturar productos no solicitados, no aceptados o no puestos a disposición del distribuidor". Si existe controversia sobre estos aspectos, se resolverá mediante mediación o arbitraje.
