Alrededor de 3.000 propiedades ilegales construidas ilegalmente en el litoral se enfrentan a una posible demolición según un plan del Gobierno para proteger las costas del Mediterráneo y de Canarias. El plan, de 5.000 millones de euros, pretende prevenir la destrucción futura de algunas de las playas más populares de Europa, vitales para el turismo, según ha señalado el Ministerio de Medio Ambiente. Para que el plan tenga éxito, deberá contar con el apoyo de los ayuntamientos, que tendrían que negociar compensaciones con los propietarios de casas y hoteles construidos en playas y litoral público antes de que las leyes de protección de la costa entraran en vigor en los '80.
