El Grupo Popular ha registrado su recurso de amparo a la Mesa del Congreso contra el veto del Gobierno a la enmienda del PP al proyecto de Ley sobre agencias de calificación crediticia con la que pretendía recuperar la línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 3.000 millones para que los ayuntamientos morosos puedan pagar a sus proveedores. A su entender, no hay sobrecoste para el Estado, ni aumento de créditos presupuestarios, ni de gastos, razones alegadas por el Ejecutivo.
Esta línea, fue aprobada por el Congreso en junio de 2010 con ocasión de la tramitación de la Ley de Morosidad en junio de 2010, pese al voto en contra del Gobierno y el PSOE, que finalmente lograron derogarla en los Presupuestos Generales del Estado para 2011 sin que llegara a aplicarse.
La portavoz adjunta del Grupo, Fátima Báñez, ha justificado la necesidad de esta línea para "dar un respiro a pymes y autónomos" el mismo día en que se ha conocido que la morosidad subió en febrero hasta el 6,190%, la tasa más alta desde 1995.
