Esta es la principal hipótesis que contempla el ministerio, y para su elaboración se ha basado en las informaciones de la Guardia Civil del Mar y en los documentos de la Armada, "que han estado todo el tiempo vigilando nuestras aguas". La ministra de Cultura, Carmen Calvo, afirmó que la supuesta ilegalidad cometida por la empresa norteamericana ha sido "trabajar sin pedir permiso para investigar sobre un pecio español", por lo que perseguirán jurídicamente a la empresa estadounidensepor "presunto expolio" y por "presuntas actividades ilícitas". Durante su comparecencia, Calvo subrayó que se mantienen abiertos dos procesos judiciales: uno civil, en Estados Unidos "con unos antecendecentes claros en cuanto a nuestras reivindicaciones" sobre los pecios extraídos en el caso de que fueran españoles y otro penal, en España. Al mismo tiempo, se están realizando "constantes gestiones de carácter diplomático" para confirmar la procedencia del pecio y para conseguir los permisos de aduanas para ver el cargamento que partió de Gibraltar. A este respecto, resaltó la colaboración del Reino Unido, quien entendió con "rapidez admirable" los argumentos del Gobierno.
