El PP defenderá esta semana en el Congreso su propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para regular la interceptación de comunicaciones, en la que plantea que no se puedan grabar las conversaciones entre abogado y cliente, como ha ocurrido en el "caso Gürtel", salvo que haya indicios de delito.
El PP mantiene que la proposición de ley orgánica que se votará en el pleno del próximo martes nada tiene que ver con la investigación de la trama de corrupción en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y que pretende cubrir las lagunas legales que a su juicio existen en la regulación de las escuchas telefónicas.
El objetivo de los 'populares' es "fijar los límites" de la capacidad del Estado para intervenir en la intimidad de los ciudadanos gracias a una mayor autoridad del juez.