El empresario Manuel Carrillo, a quien el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha impuesto hoy una fianza de 100.000 euros y ha acusado de un delito de cohecho en la llamada "operación Pretoria", ha negado las imputaciones que el magistrado le hace en el auto notificado esta noche.
Según Garzón, Carrillo, consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, habría entregado al alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz, 6.481 euros en metálico y otros 12.000 euros en esponsorización de actividades municipales a cambio de la prórroga del contrato de limpieza.
El abogado de Carrillo, Javier Espiga, ha asegurado a Efe que su cliente "niega los hechos que se le imputan" y ha añadido que "Limasa es una empresa que únicamente se dedica a la limpieza de edificios y locales y nunca ha realizado o participado en actividades urbanísticas".