La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha afirmado que "todas las administraciones tienen obligación de actuar de forma coordinada y con firmeza para evitar los efectos indeseables del urbanismo descontrolado".
En su opinión, el Estado ya ha puesto de su parte a través de la Ley de Suelo y el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
Según explicó, la superficie urbanizada en España creció un 26% durante los años 90, mientras que la media europea fue del 14%. Esto ha llevado a la necesidad "reforzar" los mecanismos de intervención pública, para lograr un cambio de paradigma urbano, "más sostenible y cohesionado".
