Una ex empleada de Stanford Group Company dijo en 2003 a los organismos de control que la firma de servicios financieros estaba implicada en un fraude, cinco años antes de que los reguladores acusaran a su presidente, Allen Stanford, de un fraude de 8.000 millones de dólares (unos 6.290 millones de euros).
Leyla Basagoitia, que fue despedida de Stanford Group Company en 2002, dijo a una comisión de arbitraje de corredurías que la firma estaba involucrada en un fraude, según un documento publicado en el sitio web de la Autoridad de Regulación de la Industria Financiera (FINRA, por sus siglas en inglés).
En 2003, Basagoitia y Stanford Group Company estaban intentando resolver una disputa por un préstamo a través de un foro de arbitraje manejado por un predecesor de la FINRA.
En ese entonces, Basagoitia dijo al comité de arbitraje que antes de aceptar su posición en la firma ella enfatizó que su intención no era asignar los fondos de sus clientes al banco offshore de Stanford Group, Stanford International Bank, una de las compañías nombradas en la demanda civil del Gobierno.
