Especialización con una jurisdicción específica, formación en perspectiva de género y actualización normativa. Tres grandes ejes, tres grandes soluciones para intentar paliar la falta de medios que sufre el Derecho de Familia y las diferencias entre unas regiones y otras, con una pronunciada desigualdad en la asignación de recursos que merma la agilidad con la que se da respuesta a los procesos de familia.
Son las conclusiones que expusieron ante el Senado la socia directora de ABA Abogadas y actual presidenta de la Sección de Familia del Icam, Ana Clara Belío, y la socia directora de Winkels Abogados y fundadora de dicha Sección, Isabel Winkels. Ambas, con larga trayectoria en esta materia jurídica, coincidieron a la hora de señalar los problemas que atraviesa el Derecho de Familia, lastrado por la falta de una jurisdicción propia y una insuficiencia notable de medios y recursos en gran parte de la geografía española.
"Es necesario contar con una jurisdicción especializada en Familia. No puede haber ciudadanos de dos categorías", explicó Ana Clara Belío, quien recordó que la agilidad para resolver un procedimiento de Familia varía sustancialmente incluso dentro de las ciudades. "Quien tiene la suerte de divorciarse en Madrid, puede hacerlo en 5 o 6 meses con un gabinete psicosocial, pero quien tiene la desgracia de no vivir en Madrid centro puede tardar tres años en tener una sentencia de divorcio", expuso.
Al hecho de que los juzgados de Primera Instancia o Mixtos, en los que por lo general recaen los asuntos de Familia, no pueden dar respuesta ágiles, hay que sumarle la acuciante necesidad de dotar de medios a numerosos juzgados, sobre todo los de la periferia, que carecen de equipos específicos de riesgo integral, que deben realizar, como alertó Ana Clara, "los servicios psicosociales del Juzgado de Primera instancia, que muchas veces no están de guardia cuando entra la denuncia o tienen un importante colapso", lo que deja a las comisarías la función de valorar el riesgo, a menudo mediante un software, Viogen, muy antiguo e impreciso.
De ahí la importancia de contar con un "sistema que realizara una valoración de riesgo al menor y que pudiera adoptar una medida preventiva en ese momento", lo que supondría un cambio legislativo. Un cambio que se constituye como otro de los retos en Derecho de Familia, que cuenta con una normativa desactualizada y no uniforme, corregida en numerosas ocasiones por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Los casos que Winkels recordó, como la custodia compartida o el uso de la vivienda familiar, son los más recientes. Pero la tendencia es que los tribunales se vean obligados a actualizar una norma ya desfasada y no acorde a las nuevas realidades sociales.
En este sentido, Ana Clara recalcó que, aunque el Tribunal Supremo haya establecido la custodia compartida como solución preferible, debería ser "una opción más, no una opción deseable, porque cada familia tiene una unidad y una realidad distintas". Este cambio, igualar la importancia de los distintos tipos de custodia, pasa por una modificación normativa, como recordó Ana Clara, en la que el legislador defina qué es la custodia compartida y tratar de evitar la arbitrariedad de los jueces en su aplicación.
Otro de los puntos que las intervinientes expusieron al Senado fue la necesidad de formar en perspectiva de género, no solo a los jueces, que ya cuentan con cursos específicos que en los últimos tiempos se han intensificado, sino a todos los operadores jurídicos que en muchos casos deben tramitar o hacerse cargo de las denuncias por violencia de género.
Son las líneas maestras que tanto Ana Claro Belío como Isabel Winkels pusieron sobre la mesa del Senado, una de las partes importantes del procedimiento legislativo, desde donde debe partir las dotaciones de medios a la Justicia, el refuerzo de secciones especializadas y la definición de los ángulos muertos de la normativa actual.
