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Jueces y fiscales aseguran que su huelga no es contra Delgado

Foto: Archivo
Madrid

Las asociaciones de jueces y magistrados Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), y las de la carrera fiscal Asociación de Fiscales (AF) y Unión Progresista de Fiscales (UPF) se reunieron ayer con el Ministerio de Justicia para abordar la huelga que han convocado para el próximo 19 de noviembre, donde han asegurado ante la ministra Dolores Delgado que el paro no se ha organizado "contra el actual equipo ministerial".

Respecto a las mejoras salariales que llevan tiempo reivindicando, explica el Ministerio que ya les transmitió el pasado jueves 7 de noviembre que sus condiciones retributivas se enmarcan en el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo -que afecta a todos los funcionarios de la Administración General del Estado- firmado el pasado 9 de marzo de 2018, meses antes de que se produjera el cambio de Gobierno. Pese a ello, los colectivos han insistido en su necesidad de tener un marco salarial diferenciado respecto del resto de la función pública.

Respecto a la huelga del próximo 19 de noviembre, Justicia anunció su intención de detraer el salario correspondiente a la jornada de huelga a todos aquellos jueces y fiscales que acudan a la convocatoria. Por ello, les ha expuesto la necesidad de establecer un sistema de recuento de todos aquellos miembros que vayan a secundar el paro.

Además, Justicia ha vuelto a poner sobre la mesa su compromiso con derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que tiene paralizada la oposición, la reforma de la Ley del Poder Judicial que recupera derechos sociales para jueces y fiscales, o la creación de 80 nuevas plazas de fiscal y 75 nuevas unidades judiciales.

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Comentarios 1

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Es verdad, es una autohuelga contra ellos mismos, valga la redundancia, por no tener cojones a sacar el trabajo adelante, como hacen los demás funcionarios y creo que pedirán una reducción del sueldo al 50% de su salario por baja productividad.

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